“Nosotros esperamos que esto no sea en vano, el gobierno ha pisoteado los derechos de todos los que se le han atravesado en su camino y nosotros no estamos esperando si ganamos o no. Esta obra no la hacen porque nosotros lo decidimos así”.
Atlixco, Puebla. Enedina Rosas Vélez, es comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco. Privada de su libertad acusada de robo agravado, habla desde la cárcel: “mi delito fue haberme negado a firmar los documentos donde, como ejido, le vendemos los terrenos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle paso al Proyecto Integral Morelos (PIM), y concederle el derecho de paso de los tubos del gasoducto”. Su libertad, dice, vale esa firma.
Enedina Rosas es una campesina de sesenta años y se encuentra detenida desde el seis de abril en el Centro de Readaptación Social, un lugar que se camufla entre la arquitectura y las montañas del zócalo de Atlixco. Ahí pasa el tiempo en una celda de casi tres metros de ancho, vestida con el paso de cientos de mujeres privadas de su libertad. Casi veinte mujeres, todas de blanco, arman en un ambiente tranquilo a pesar del hacinamiento.









