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La novena sesión de la Feminaria-Semilla hacia la despatriarcalización-descolonización es el microtaller “Una otra brújula de 7 rumbos-colores”
CompArte Lo Va Franca
Sábado 8 de mayo, 10am.
https://meet.jit.si/my6laotraeducacion
Materiales de lectura previos:
https://sites.google.com/view/feminaria-semillas/1er-ciclo/una-otra-br%C3%BAjula-de-7-rumbos-colores
El gobierno de mexicano planea pedir perdón al pueblo Yaqui y arrancar un plan de justicia en septiembre del 2021, con el territorio como eje. Sin embargo, uno de los ocho gobiernos tradicionales no participa y hay inconformidades. Hoy presentan los trabajos ante la ONU
Texto: Daliri Oropeza
Fotos: Presidencia y Daliri Oropeza
PÓTAM, SONORA.- “La columna vertebral del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es la demanda relacionada con la tierra y el territorio”, dijo Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en enero de 2021 en Casa de la Niñez Indígena “General Lázaro Cárdenas” en Tórim, uno de los ocho pueblos yaquis.
Desde el inicio de los trabajos para realizar un plan de justicia, el territorio y el agua han estado en el centro del diálogo. Y en la memoria –tanto de las autoridades federales como del gobierno tradicional yaqui– está lo sucedido con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.
El INPI informa que tienen acuerdos sobre restitución del territorio, sobre la urgencia del agua, apoyos económicos, creación de universidades, bancos, vivienda, contralorías, carreteras y hasta un nuevo ordenamiento territorial ecológico le propusieron al pueblo Yaqui.
Pie de Página confirmó que de los ocho gobiernos tradicionales, siete participan en los trabajos de la comisión. El gobernador de Loma de Bacúm no. Este pueblo encabeza la defensa de la tierra ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción.
La ausencia de un gobernador tradicional repercute tanto en la legitimidad de los trabajos, así como en la información que llega a la tropa yaqui. Hay un desconocimiento de la tropa yaqui respecto a lo que han acordado sobre universidades, territorio, hasta un acueducto que acordaron construir.
Habitantes del pueblo yaqui denuncian la ausencia de la tropa yaqui en la totalidad de las reuniones que organizan para dar seguimiento al plan de justicia: “Sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente”, denuncia una habitante que prefiere ser anónima por seguridad.
Las inconformidades de algunos pobladores se deben a que, en el arranque del proceso participaron los secretarios de Estado y ahora solo van suplentes que, dicen, les dan largas. Además, consideran que, hasta ahora, son nulos los avances de los acuerdos en el tema del territorio.
Para que sea un acuerdo de la nación Yaqui, se requiere que estén los ocho gobiernos tradicionales legítimos en consenso.
El proceso se enmarca en un contexto de violencia en la región. Cajeme, por ejemplo, acumula 755 homicidios de diciembre de 2018 a diciembre del 2020, y está en los registros del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública como uno de los 15 municipios que concentran los homicidios en México.
Pobladores yaquis narran que el crimen organizado entró a comunidades como Las Guasimas, Bahía de Lobos, Potam, Vicam pueblo, Estación Corral, Tajimaroa y los puntos carreteros donde se cobra cuotas en Vicam Estación, Oros y de Guamuchil, donde tiene el control.
Este 26 de abril, el INPI tiene agendado presentar el plan de justicia en la Vigésimo Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este es un recuento de cómo se han llevado a cabo los acuerdos entre más de 20 dependencias federales y siete de los ocho gobiernos tradicionales yaquis.
El 26 de octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la enramada de la guardia tradicional de Pótam. Ahí, aseguró que iniciaba una etapa histórica de reivindicaciones para el pueblo yaqui. Trazó los ejes de interés para su mandato: tierra, agua y desarrollo.
En la guardia tradicional reiteró que, en representación del Estado mexicano, pedirá perdón a pueblos indígenas y otros grupos, con miras al bicentenario de la consumación de nuestra Independencia.
“No es eso solamente, es que podamos al mismo tiempo convertir el 2021 en el año de la justicia y que ya empecemos desde ahora. Que en septiembre del 21 podamos decir: ofrecemos disculpas, pero también ya se está avanzando en el plan para reivindicar a los pueblos yaquis”.
Ahí, pidió a Adelfo Regino, titular del INPI, ponerse de acuerdo con los gobernantes yaquis para empezar en un Plan de Justicia.
La segunda visita de López Obrador como presidente fue el 6 de agosto en Vicam pueblo. Ahí aseguró que existe la voluntad para que este 2021 los pueblos originarios y otros pueblos agraviados alcancen una reivindicación, especialmente los pueblos yaquis.
En la guardia tradicional de Vicam Pueblo, el presidente anunció un decreto para crear una Comisión de Justicia. El INPI realizó un diagnóstico previo de la situación del Pueblo Yaqui que se dio a conocer el 29 de mayo del 2020. Antes de la publicación del decreto, los gobernadores tradicionales yaquis llevaron a cabo dos reuniones que llamaron mesas de trabajo con el INPI. Ahí sentaron los primeros acuerdos y el INPI formalizó los trabajos realizados.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre del 2020. Con él se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, con carácter transitorio. Estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. Tiene siete artículos y tres transitorios que involucran a 12 dependencias federales, siento titulares los secretarios.
El objetivo de esta comisión es “analizar, diseñar y proponer un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora, que atienda sus necesidades sobre tierras, territorio, agua y desarrollo integral”.
Determina que participarán “como invitados las comunidades Vícam, Primera cabecera; Pótam, Segunda cabecera; Loma de Guamúchil-Cócorit, Loma de Bácum, Tórim, Ráhum, Huirivis y Belem pertenecientes al Pueblo Yaqui, a través de los gobernadores tradicionales y sus secretarios electos conforme a sus usos y costumbres”.
Tiene facultades como investigar, proponer y emitir informes al Titular del Ejecutivo Federal que sirvan como base para la toma de decisiones. Solicita información a las dependencias, entidades e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
Analizar las acciones que sean necesarias para hacer efectivas las medidas de justicia.También pueden apoyarse de instituciones académicas, instancias de gobierno u organismos de la sociedad civil para sustentar sus informes.
El artículo séptimo determina que “la Comisión ejercerá sus funciones bajo los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, a fin de optimizar su operación”. A lo largo del texto determina el proceder que debe tener.
Después de que se publicó el decreto presidencial, la Comisión ha sostenido por lo menos 10 reuniones públicas con los gobernadores tradicionales, menos el de Loma de Bácum, pues el que asiste es dual (un gobernador alternativo, que no es el tradicional). Las primeras tres fueron reuniones que sirvieron para determinar los ejes rectores de la comisión.
Han sostenido tres mesas de trabajo con los ejes de tierra y territorio; agua y desarrollo integral. A su vez, la Comisión ha realizado tres mesas técnicas en donde se han involucrado hasta 20 dependencias federales. Las mesas técnicas han tenido como ejes la economía Indígena y medioambiente; la segunda tierras y territorio, agua así como desarrollo integral que contempla educación y cultura, salud. La tercera fue sobre infraestructura, gobierno y organización.
Desde el inicio del 2020, entraron diversos programas federales a territorio Yaqui, comenzando por el Programa de Vivienda 2021–2024 que lleva a cabo la Conavi. A lo largo de las mesas de trabajo, han acordado ejercer el programa Caminos a Cabeceras Municipales de la SCT, el cual se realizó en Oaxaca. A su vez, se comprometieron a activar el programa de comedores para niñas, niños y jóvenes para evitar la deserción escolar de la SEP.
Durante las mesas de trabajo con el INPI, se han comprometido a sumar programas al plan de justicia. Por ejemplo, las secretarías de Medioambiente y Recusos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (Sedatu) propusieron un ordenamiento territorial ecológico y urbano como el que trabajan en la Península de Yucatán.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) comprometió el proyecto estratégico en materia de economía indígena, con el cual dotan de 224 millones de pesos, a ejercer este 2021, para incentivar actividad productiva, agrícola, ganadera, pecuaria y pesquera en todo el territorio Yaqui. Falta que Hacienda lo autorice.
Esta semana se reanudaran ls trabajos.
Hay programas gubernamentales que sumaron al plan de justicia y que ya echaron a andar desde el gobierno federal; incluso desde antes de iniciar las mesas de trabajo. Como el Programa de Vivienda 2021–2024 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
“Más de 800 acciones de vivienda ya tienen un avance en su construcción”, informó en Guásimas de Belem la titular de la Conavi, Edna Elena Vega Rangel.
En octubre del 2020, la Conavi informó que está llevando a cabo mil 724 acciones de vivienda con una inversión superior de 284 millones de pesos, en beneficio de 5 mil 545 personas del pueblo Yaqui.
Frente a los gobernadores, la dependencia desglosó: son “mil 197 son construcciones nuevas, 453 ampliaciones, 74 mejoramientos y 43 intervenciones, que benefician a mil 255 mujeres, 469 hombres, 260 madres solteras y 157 adultos mayores”.
Por su parte, Sader entregó cuatro permisos de pesca que beneficiarán, dijeron, a 606 pescadores yaquis; mientras que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero busca un esquema de crédito de manera prioritaria para el pueblo yaqui.
En lo que va del proceso, han habido dos renovaciones del gobierno tradicional yaqui, que se celebra cada mes de enero con la elección de gobernador. Por ello, este año tuvieron que hacer una reunión para pasar el mando y la información de cuáles han sido los acuerdos y realizados hasta el momento.
Acordaron la construcción de un Acueducto Yaqui, un sistema general de agua potable que se abastecerá desde la presa “Álvaro Obregón”.
La Comisión se comprometió a hacer los estudios y análisis necesarios para contar con un diagnóstico de la situación del Río Yaqui y la calidad del agua. Con Semarnt y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) acordaron emprender vías de solución a la sequía.
El área de la Cuenca Noroeste de la Comisión propuso que el proyecto se lleve a cabo por etapas y avanzar con los estudios técnicos en junio (2021). Después arrancaría la etapa de licitación de la obra durante 45 días. De ese modo el presidente declararía el arranque de los trabajos de construcción en septiembre, describe comunicación del INPI, a la par de que pide perdón.
Conagua acordó en los diálogos implementar acciones inmediatas de infraestructura y tecnologías que garanticen en forma urgente la potabilización del agua para uso humano.
En los trabajos con Conagua acordaron, desde noviembre del 2020, hacer un “Decreto de Creación del Distrito de Riego número 018”. Éste se transferirá al pueblo yaqui para que éste sea el titular y administrador del agua.
En diciembre del 2020 acordaron que los gobernadores y sus autoridades deberán asumir responsabilidades acordadas en las reuniones del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Uno de ellos es la administración del agua para consumo humano y riego agrícola.
“Coincidimos en que el problema más serio es el rentismo, el 90 por ciento de su tierra está rentada”, dijo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, el 9 de diciembre del 2020.
El acuerdo incluye llevar a cabo el procedimiento jurídico pertinente en el que se compruebe la posesión legal de las tierras y la ruta para que se conviertan en propiedad yaqui.
El procurador agrario, Luis Hernández Palacios, aseguró que en coordinación con el INPI, el Registro Agrario Nacional (RAN), el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) ya trabajan en la identificación de las tierras que pertenecen al pueblo Yaqui.
Con Sader acordaron la implementación de un proyecto estratégico con acciones calendarizadas del 2021 al 2024 para atender necesidades de agricultura, ganadería y pesca. brindará asesoría técnica en todas las actividades productivas.
Funcionarios de la Sedatu aseguraron que tienen diagnósticos sobre la situación de las tierras y para 2021 tratarán de implementar y alcanzar la restitución del territorio.
Semarnat se comprometió a no autorizar ninguna concesión minera y revisar las existentes.
Adelfo Regino le propuso al gobierno Yaqui “construir un sólo organismo administrador, con un área para el servicio de agua potable y saneamiento y otra para el distrito de riego”.
Sin embargo, los siete gobernadores tradicionales y uno dual se han pronunciado por gestionar a través de su propio gobierno.
Entre más de 20 dependencias que participaron ya en este 2021 en las mesas de diálogo de la comisión, fijaron una agenda de trabajo correspondiente a 2021 para concretar el plan de desarrollo integral del pueblo Yaqui, considerando obras de vivienda, electrificación, agua potable, caminos y servicios básicos.
El INPI buscará que los pueblos yaquis obtengan su reconocimiento fiscal como comunidades indígenas, mediante un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el SAT, lo que les permitirá recibir recursos públicos de manera directa.
En los diálogos, hablaron de un Banco Yaqui, en ayuda con el Banco del Bienestar. INPI , las secretarías de la Función Pública (SFP) y Gobernación (Segob) acordaron con los siete gobernadores tradicionales reforzar la coordinación interinstitucional para conformar una Contraloría Comunitaria que vigile el ejercicio del presupuesto. Esto lo acordaron el 10 de diciembre en Guásimas de Belém.
Acordaron también la construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui con sede en Vícam Pueblo, las áreas de estudio que contemplan las instancias federales son: educación y pedagogía intercultural; salud y medicina tradicional; agricultura, acuacultura, ganadería y pesca; desarrollo territorial sustentable; y derecho y gobierno indígena. La infraestructura estará a cargo del programa La Escuela es Nuestra. También acordaron un bachillerato intercultural comunitario y la instalación de una mesa de trabajo para la revisión y construcción de un nuevo modelo educativo yaqui.
INPI, INAH y Cultura, promoverán la creación de un fondo especial para el fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua yaqui; espiritualidad, ciclos y fiestas tradicionales; los lugares y objetos sagrados; memoria histórica del pueblo yaqui. Con SRE acordaron la gestión para repatriar la colección de objetos sagrados, «Maaso Koba”.
En la tercera mesa técnica del Plan de Justicia se determinó instrumentar campañas contra el racismo en el estado de Sonora con apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Sin consenso, avanza el plan de justicia del pueblo Yaqui
Las invitamos a mirar y caminar con la nueva página de acompañamiento al Viaje Zapatista por la Vida y a la sección La Hora de las Mujeres.
https://www.caminoalandar.org/mujeres
El 21 de abril pasado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, dio a conocer en conferencia de prensa el inicio de su Campaña por la Vida: Mar de Agravios, Montaña de Quebranto (https://youtu.be/L5kqlbEUJ1c),en la que denuncia la profundización de las violencias del crimen organizado en colusión con las autoridades locales en la Montaña de Guerrero, en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19.
Se trata de un llamado a las autoridades y a la sociedad civil, a escuchar las voces de quienes desde esta región del país denuncian las violencias extremas que han causado feminicidios, violaciones sexuales, desapariciones y desplazamientos forzados.
El equipo legal de Tlachinollan, acompañado por varias de las familiares de las víctimas, usaron los medios digitales para confrontar la complicidad del silenciamiento y la indiferencia, que tanto autoridades locales como federales, han mostrado ante las múltiples denuncias que el centro ha venido haciendo en torno a feminicidios, desapariciones forzadas y asesinatos, acaecidos en el último año en el contexto de la pandemia.
Se trata también de un llamado a la solidaridad con los y las defensoras de los derechos humanos, cuya vulnerabilidad se ha visto profundizada por un discurso presidencial que descalifica y desestima su trabajo.
En esta primera etapa de la campaña, la información presentada se centró en la violencia focalizada contra las mujeres indígenas, que Tlachinollan ha venido documentado durante los meses de la pandemia. La abogada Neil Arias, expuso las “estadísticas del oprobio” que nos hablan de 20 casos de feminicidio, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica, denunciados ante el centro durante la pandemia.
Estos datos refieren sólo a aquellas mujeres que pudieron llegar a Tlapa a denunciar, por lo que se deduce que el número de mujeres indígenas víctimas de violencias extremas es mucho más alto, considerando que se trata de un territorio controlado por más de 40 organizaciones del crimen organizado. Los testimonios presentados dan cuenta de cómo la violencia doméstica se complejiza, cuando los perpetradores son hombres vinculados al crimen organizado, que tienen a otros hombres armados que los respaldan, si la esposa, novia o hermana decide denunciar.
Este es el caso de la joven tu’un savidesaparecida en Cochoapa el Grande, Aurelia Vázquez, cuya madre Catalina Vázquez, describió en conferencia de prensa el viacrusis que ha enfrentado ante el racismo e indiferencia de los operadores de justicia. Desaparecida al inicio de la pandemia, el 13 de mayo del año pasado, después de que se le negaron las medidas cautelares al ser amenazada por su suegro, quien aparte de ser director de Seguridad Pública de ese municipio, se presume que tiene vínculos con el crimen organizado (Opinión: El suplicio de Aurelia, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña).
La experiencia de Catalina Vázquez, en la búsqueda de su hija, es sólo un ejemplo del trato e indiferencia de las autoridades judiciales ante las múltiples violencias que viven las mujeres indígenas, quienes no cuentan nunca con apoyo de traductor y que enfrentan a operadores de justicia que desconocen los protocolos de género. En el mismo sentido, Maribel Pérez Espinobarros, describió el asesinato de su hermano Ángel Pérez Espinobarros, de su esposa Beatriz Vázquez Cantú y de sus dos hijas, Raquel y María Isabel Pérez Vázquez de 12 y cuatro años, asesinadas y calcinadas el 30 de marzo del año pasado. Sus cuerpos, trasladados a Chilpancingo, continúan esperando que se les haga una necropsia, para poder regresar a sus familias y tener un entierro digno.
Durante todo este año, la familia Pérez Espinobarros, ha enfrentado el racismo y la misoginia burocrática, que les niega información y que rechaza que se trate de feminicidios, por no existir las pruebas necesarias para dicha tipificación. Paradójicamente, las necropsias que se niegan a entregar, son parte fundamental de las evidencias forenses que permitirían certificar el tratamiento que tuvieron las víctimas antes de ser asesinadas.
Tanto la familia de Aurelia, como la de Ángel, Beatriz, Raquel y María Isabel se han declarado “defensores emergentes de derechos humanos” y luchan no únicamente por la justicia para sus familias, sino para los cientos de personas que viven aterrorizadas y bajo el control del crimen organizado en la región, como es el caso del municipio Zapotitlán Tablas, en donde según testimonio de doña Maribel Pérez Espinobarros, la población entera está bajo el control de sicarios que asesinan, violan y desaparecen a personas, ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales.
Sirva este artículo para hacer eco de este llamado urgente de auxilio, pues las vidas de los defensores y defensoras siguen en peligro. La indiferencia gubernamental es complicidad.
* Doctora en antropología e investigadora del Ciesas
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/25/politica/mar-de-agravios-montana-de-quebranto/
El largometraje intitulado La Vocera (82 minutos), dirigido por Luciana Kaplan y producido por Carolina Coppel, Mónica Lozano y Eamon O’Farril, nos lleva en un recorrido de la activista y médica tradicional nahua María de Jesús Patricio Martínez, por distintas regiones de México, en su campaña para recabar firmas y obtener su registro como candidata independiente en las elecciones de 2018. Pero no es un documental sobre una campaña política, es más bien la historia de múltiples resistencias indígenas, tejidas con la sensibilidad y sororidad de las documentalistas y las mujeres indígenas que lo protagonizan.
Entre los múltiples hilos narrativos que se van tejiendo, están las historias de resistencias a gasoductos, a megaproyectos eólicos, mineros, porcícolas, así como la denuncia de despojos territoriales por parte de ganaderos y empresas transnacionales. La distopia del supuesto desarrollo es denunciada por Marichuy al inicio del documental, señalando: “Si la destrucción y muerte son el “progreso”, pues estamos en contra… ¿El progreso para quién? ¿El desarrollo para quién?”
El largometraje expone también de manera velada los racismos de los medios de comunicación y de las instituciones electorales que enmarcan la travesía de la vocera. La brecha digital que excluye a un alto porcentaje de la población indígena del ciberespacio, dificultó la recolección de firmas, en un complicado proceso burocrático que solo permitió recabar el 32.5 por ciento de las rúbricas requeridas.[1] Pero lo importante no fue la meta, sino el trayecto. Siendo la primera mujer indígena en la historia de México en buscar la presidencia, su sola presencia, así como el tono y contenido de su discurso político, desestabilizaron los imaginarios racistas y patriarcales de los medios. Retando las formas de la política institucional, Marichuy se convirtió en la voz del Congreso Nacional Indígena (CNI) y apeló a la fuerza de lo comunitario para hacer su campaña. Podríamos decir que es este sujeto colectivo, el protagonista principal de La Vocera.
Al igual que Marichuy, el documental ha empezado a viajar por el país y el mundo, a través de festivales, webinarios y eventos culturales, creando espacios de reflexión crítica sobre las violencias y los despojos que están afectando los territorios indígenas y destruyendo a la madre tierra. Este testimonio audiovisual nos llega en un momento en el que las mujeres zapatistas y del CNI — junto con algunos de sus compañeros– se preparan para iniciar una nueva travesía, ahora cruzando el Atlántico, para articular sus luchas con mujeres de otros contextos que también enfrentan las violencias patriarcales, capitalistas y racistas (https://fb.watch/41-Dd13lk9/).
El mensaje que estas mujeres llevarán a los cinco continentes, es un llamado urgente a transformar un proyecto civilizatorio de muerte que está acabando con la tierra y sus habitantes. En la llamada Declaración por la Vida señalan: “hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.”[2]
Son estos dolores de la tierra, estos despojos, explotaciones y destrucciones de la naturaleza, los que nos ejemplifica el documental de La Vocera, que a la vez nos invita a conocer las luchas y estrategias de resistencia de los pueblos originarios de este rincón del mundo.
Respondiendo a la invitación del documental, me tomé la tarea de conocer más sobre algunos de los proyectos de resistencia que visita Marichuy en su recorrido por el país. Sirva este escrito para contextualizar el testimonio audiovisual, que se ha convertido desde ya en un documento histórico de las resistencias indígenas en México.
Caracol Resistencia y Rebeldía de la Humanidad: el inicio
La travesía se inicia en una asamblea en la que el CNI y las bases de apoyo zapatistas anuncian la elección de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena del Gobierno, para contender en las elecciones del 2018. Al aceptar el cargo, Marichuy señala: “Nosotros como pueblo hemos analizado que vamos peleando por la vida y la vida incluye la tierra, el agua, el territorio, los árboles y se los están acabando. Queremos dar este paso y es difícil, pero es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo…”.
En este inicio podemos ver la fuerza de las mujeres zapatistas, milicianas y bases de apoyo, que con pasamontañas o sin él, escoltan a Marichuy en su visita a la comunidad tsotsil de Oventik, centro del Caracol Resistencia y Rebeldía de la Humanidad. Se trata de una división regional que incluye a los municipios autónomos zapatistas de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de febrero y San Juan Apóstol Cancuc. Aquí las mujeres zapatistas han logrado reconstituir sus espacios de justicia, a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres, confrontando las “malas costumbres” que excluyen e inferiorizan a las mujeres, herencia colonial que han rechazado en sus nuevas estructuras de gobierno.
Las milicianas a caballo escoltando a Marichuy, o las bases de apoyo participando activamente en las asambleas, nos hablan de una nueva forma de ser mujer indígena, que se ha ido conformando en 27 años de autonomía zapatista. Sin embargo, estas experiencias societales se encuentran ahora amenazadas por las violencias paramilitarizadas, que con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades locales, han quemado cosechas, allanado escuelas, destruido bodegas, como fue el caso de las comunidades de Aldama, en las inmediaciones de Oventik, que tan solo el 20 de marzo pasado fueron víctimas de 40 ataques por parte de grupos paramilitares de Santa Martha y San Pedro Chenalhó (https://frayba.org.mx/se-registraron-mas-de-40-ataques-hacia-las-comunidades-de-aldama/).
En este mismo recorrido por Chiapas, Marichuy visitó también el ejido tojolabal “24 de diciembre”, creado a partir del levantamiento zapatista mediante la expropiación de la finca El Momón, que pertenecía al exgobernador Absalón Castellanos, quien encabezó uno de los gobiernos más represivos en la historia de Chiapas. Este ejido se encuentra ahora asediado por los integrantes de la Unión de Ejidos de la Selva (UES), que destruyen sus cosechas y bosques, y periódicamente incursionan en la comunidad.
La presentación de La Vocera en el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) el 25 de marzo pasado, coincidió con el llamado urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas a denunciar los ataques de grupos paramilitares a la población indígena simpatizante del zapatismo. Los procesos autonómicos zapatistas, que nos muestra el documental, están acechados, por lo que acercar al público a estas experiencias de resistencia es una forma de difundir y defender la autonomía indígena.
La Península de Yucatán: los pueblos mayas resistiendo el despojo
El documental nos lleva también a tierras mayas en la península de Yucatán, en donde nos acercamos a las experiencias de despojo que producen los proyectos eólicos y foto-voltáicos, las granjas porcinas y el desarrollo turístico.
Son de nuevo las mujeres mayas las que reciben y acompañan a María de Jesús Patricio en su recorrido. Maritza Yeh Chan, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), denuncia el impacto del turismo a gran escala que ha despojado tierras y acaparado el agua. Las preocupaciones de las nuevas generaciones de jóvenes se expresan a través de Yamili Chan Tzul, quien pone en la mesa del debate el tema de la soberanía alimentaria como elemento fundamental para la autonomía indígena.
Entre los rostros que aparecen en las reuniones de la vocera con los pueblos de Yucatán, están los de integrantes de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, que impulsa distintas luchas comunitarias en defensa del territorio. Fueron ellos quienes han acompañado la lucha legal contra la multinacional extranjera Sun Power, y su filial mexicana Vega Solar, que se proponen instalar un millón de paneles solares, deforestando 500 hectáreas de selva en las inmediaciones de las comunidades mayas de San José Tipceh y Muna. Se trata de una lucha contra uno de los proyectos fotovoltáicos más grandes del país, que usando el discurso de la “energía limpia” se propone despojar a los pueblos mayas de sus tierras y recursos naturales.
En las inmediaciones de Mérida, la vocera también se reunió con campesinos y activistas mayas que se oponen al establecimiento de un megaproyecto de granjas porcinas en sus territorios. Investigando sobre el tema, encontré que actualmente existen ya 257 granjas porcícolas en la Península de Yucatán, de las cuales, 122 (un 47 %) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. De estas, 20 se asientan en sitios de conservación y 102 en sitios de restauración. Una investigación realizada por Greenpeace en la península, señala que “la industria porcícola en la región está creciendo de manera exponencial invadiendo Áreas Naturales Protegidas (ANP), contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva maya y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas.”[3]
Desde el recorrido a la fecha, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un nuevo proyecto: el Tren Maya, que utiliza la retórica del “desarrollo” para justificar el despojo y la destrucción de la naturaleza. Esto ha llevado a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal a movilizarse y articular resistencias con comunidades indígenas que serán afectadas por el proyecto prioritario de la actual administración. Al respecto, han anunciado: “No estamos de acuerdo con la construcción del tren “maya”, seguiremos tomando acciones legales a nivel nacional e internacional para detener su desarrollo. Nuestra postura es que NO permitiremos que ningún proyecto invada y nos despoje de nuestro territorio, incluido este “tren desarrollista”, NO permitiremos la destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales, NO permitiremos que se tomen decisiones por nosotros y nosotras, NO permitiremos que en nombre del “desarrollo” se violenten nuestros derechos consagrados en la Constitución de nuestro país y en las leyes internacionales.”[4]
La articulación de resistencias que se creó durante el recorrido de Marichuy por la región maya, está siendo fundamental para enfrentar este nuevo proyecto desarrollista que está apostando a la división de las comunidades para facilitar el despojo y la destrucción de la selva.
Territorio Yaqui: el Gasoducto de la Muerte
En Sonora, la vocera fue recibida por María del Carmen García Vázquez, quien en el documental nos habla de la importancia que han tenido las mujeres yaquis en la defensa del territorio. Esposa del preso político Fidencio Aldama Pérez, María del Carmen es una voz fundamental para denunciar la criminalización de la resistencia indígena contra la transnacional Ienova Sempra Energy y su filial mexicana Gasoducto de Aguaprieta S. de R. L. de C. V., que construyen actualmente un gasoducto de una longitud de 331 kilómetros, el cual cruzará por los estados de Sonora y Sinaloa, con una capacidad de 510 millones de pies cúbicos de gas diarios. Este gasoducto, conocido como Agua Prieta, atravesará 90 kilómetros del territorio yaqui a dos metros de profundidad, iniciándose en el municipio El Sásabe, en la sierra de Sonora, frontera con Estados Unidos, para llegar al puerto de San Blas, en Sinaloa. Su construcción fue autorizada por gobiernos federales y estatales, sin realizar el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas que serán afectadas, según lo establece la ley en el artículo cuarto constitucional. Desde el 2016, los habitantes del pueblo de Loma Bácum se han opuesto a la construcción del gasoducto, denunciando que violenta sus derechos a la autonomía, al territorio y a un desarrollo propio.
Como ha sucedido en otras regiones indígenas, la apuesta de los empresarios y gobiernos locales ha sido dividir a las comunidades, distribuyendo dinero, comprando lealtades y, en casos extremos, formando grupos armados para atacar a los opositores. Esto fue lo que sucedió en Loma Bácum el 21 de octubre del 2016, cuando hombres armados entraron a la comunidad, mataron a uno de los ejidatarios, hirieron a ocho más y quemaron 12 automóviles. Sin tener prueba alguna, se inculpó a Fidencio Aldama Pérez, uno de los principales opositores al proyecto, quien es considerado preso político.
Desde entonces, la comunidad ha optado por dar una lucha legal consiguiendo un amparo contra las autoridades federales y estatales que autorizaron la obra, que a la fecha sigue suspendida. Sin embargo, el hostigamiento contra los opositores continúa, y ha incluido el secuestro temporal, en diciembre de 2019, de los abogados representantes de la comunidad, Anabela Carlon Flores y su esposo Isabel Lugo Molina.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado una negociación con la empresa Ienova Sempra Energy, ofreciendo pagar con dinero del erario una reubicación del gasoducto fuera de territorio yaqui, pero hasta la fecha no se sabe si será posible. Paralelamente, se ha puesto en marcha el llamado Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que promete restituir las tierras que les hayan sido invadidas y ayudar con el suministro del agua. Sin embargo, el dirigente yaqui Fidencio Aldama continúa preso, a pesar de que no existen pruebas que lo vinculen al homicidio que se le imputa. Al haber sido inculpado por un delito del fuero común, no puede beneficiarse de la amnistía decretada por el gobierno para presos indígenas del fuero federal. Paradójicamente, el 94 por ciento de los indígenas presos (siete mil), no podrán beneficiarse por la citada amnistía, porque son presos del fuero común.[5]
Este breve recorrido por tres de los diversos procesos de resistencia que presenta el documental, es una invitación a verlo, a seguirlo en las redes sociales en donde se estará anunciando las próximas presentaciones https://www.facebook.com/watch/?v=287464469292845. Pero, sobre todo, este texto es una invitación a escuchar el mensaje que nos mandan los pueblos originarios de nuestro país: a defender la vida, la naturaleza y el territorio, y a parar el proyecto de muerte que se nos está vendiendo bajo el disfraz del “desarrollo”.
[1] Se necesitaba conseguir 860 mil firmas en un lapso de 120 días.
[2] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/01/01/2021/movimiento-zapatista-lanza-una-declaracion-por-la-vida
[3]https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/8374/los-costos-de-una-industria-muy-puerca-en-la-peninsula-de-yucatan
[4]https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/no-al-tren
[5] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/28/ley-de-amnistia-mas-del-94-de-indigenas-presos-se-quedaran-en-la-carcel/
https://www.rompeviento.tv/la-vocera-una-ventana-a-las-resistencias-indigenas/
“ Aideé 💜y Lesvy💜viven en nuestra memoria y nosotras Insistimos en recordar y recordar colectivamente”
💦🐚🔥🌱👣✨🌷🌻
Compañeras y compañeres, en estos días de memoria nos convoca el deber y el corazón en nuestras acciones cotidianas, a celebrar la vida de las compañeras que nos arrebataron pero que son semilla en nuestro andar. La memoria es flor, y por eso mismo hemos decidido juntarnos en el Jardín de la Memoria para acompañar los últimos pasos de Lesvy aquel 3 de mayo de 2017. Ahora siendo el 4to año de la siembra de Lesvy decidimos regresar al Jardín para acompañar sus últimos pasos en este plano y reafirmar que la memoria colectiva es vínculo social.
Junto con Lesvy queremos acompañar la memoria de nuestra compañera Aideé, asesinada el 30 de abril de 2019, dentro de las instalaciones del CCH oriente. Las queremos nombrar juntas, porque su vida y memoria es lo que nos ha traído hasta aquí, encontrando nuestro andar para hacer frente a la violencia feminicida, porque ellas nos han enseñado junto con sus familias el verdadero significado de las palabras dignidad y esperanza.
Frente a tanta desolación y en este país llamado México, nosotras insistimos en recordar y recordar colectivamente como una apuesta política que se niega a las verdades históricas y al olvido permanente del Estado, las instituciones y el poder patriarcal. Frente a su olvido, nuestra memoria colectiva, frente a su indiferencia, nuestra alegre rebeldía, frente a la impunidad, la justicia feminista que se construye nombrando a las que hoy no están en este plano pero que acompañan cada uno de los pasos que hemos dado por ellas, por todas.
Hacemos un llamado a quienes tengan posibilidad de acompañarnos de manera presencial a la Velada en Memoria de nuestras Compañeras transmitiendo en vivo desde el Jardín de la Memoria (caseta telefónica del Instituto de Ingeniería de la UNAM), nos vemos para acompañarnos y compartir el 2 de mayo a partir de las 7pm, de igual forma para quienes deseen acompañarnos a la distancia cariñosa, la transmisión en vivo será a través de la página de FB Justicia para Lesvy a partir de las 8pm.
#NiUnaMasNiUnaMenos #NosQueremosVivasLibresYSinMiedo
¡Lesvy Berlín Rivera Osorio, Aidée Mendoza Geronimo, vivirán por siempre en nuestros corazones! ✨🔥
PD: Si esta en las posibilidades llevar fruta, flores, velas e incienso para compartir.
Si pasaras toda la velada en la caseta puedes traer tu casa de campaña 🌱
En un momento donde la violencia, las drogas, la sequía, el empobrecimiento asedian al pueblo yaqui en Sonora, el gobierno federal intenta crear un plan de justicia a más de 100 años de la Guerra del Yaqui. Pero no es tan fácil, quizá el archivo histórico de don Camilo, con documentos únicos, pueda dar pistas sobre lo que hay que hacer.
Texto y fotos: Daliri Oropeza
PÓTAM, SONORA.- Un mapa enorme se desenrolla sobre la mesa. Así se ve entre los ladrillos carcomidos de una estrecha habitación donde don Camilo Flores Jiménez explica la guerra de exterminio que vivió su familia y que ha vivido el pueblo Yaqui. Anda descalzo, pero para recibir a las visitas se pone unas botas cafés desgastadas.
Es un mapa que salió del voluminoso archivo personal de don Camilo, como le dicen de cariño y con respeto. En aquél se mira una cuadrícula que irrumpe en las curveadas líneas que marcan el río Yaqui y las cordilleras que este pueblo considera su territorio sagrado. Lo almacena en un librero y un archivero que ocupan casi la mitad de la casa.
Sus manos morenas de marcadas venas señalan en el mapa el lugar donde el Ejército mexicano raptó a su abuela. La sacaron de su casa en Cócorit con su hijo en pecho y les depositaron en el tren que les trasladó junto con cientos de yaquis hasta Yucatán. Sus manos y su acervo son muestra de supervivencia.
“Mi abuelo andaba en los trabajos del campo y él sí se salvó. Pero a mi abuela se la llevaron. Fue en la época que había la orden de llevárselos. Cuando ya crece mi papá, Salomón Flores Vázquez, se dio cuenta cómo eran esclavos en aquel lugar del sureste de México. Él conoció el manejo que había con los esclavos yaquis y de otras etnias incluso”, recuerda con las manos en el mapa y los ojos cristalinos mirando a un horizonte al que aún no llega: la justicia.
“Se la llevaron porque era razia, sabían que eran yaquis por la vestimenta, en ese tiempo había más yaquis que yoris [blancos o externos], era muy notorio quién era y quién no. Sacaban gente pacífica que se dedicaba a trabajar, pero el gobierno dijo que ellos eran los rebeldes, eso fue la culpa también”, asegura mientras toma un sorbo de café.
Recuerda que muchos murieron en los pantanos, ahogados, devorados por cocodrilos, siendo esclavos de haciendas henequeneras y nunca tuvieron tumba, ni panteón.
Luego narra cómo los militares decían que los yaquis trabajaban la tierra y ayudaban a los que estaban en la sierra de rebeldes. Pero Camilo niega que fuera así. Los Yaquis se rebelaron contra los proyectos desarrollistas de Porfirio Díaz, incluido el tren.
Miles fueron víctimas de la guerra del Yaqui, librada en distintos puntos de Sonora donde no podían circular. Es un periodo de conflicto permanente entre el gobierno mexicano, de acuerdo a la documentación de la antropóloga y etnohistoriadora Raquel Padilla Ramos (a quien asesinaron hace un año). La causa de las divergencias radicaba en el descontento de las etnias hacia los proyectos modernizadores. Comenzó en 1825 y tuvo su punto álgido durante el Porfiriato, donde además de la deportación, de la cual fue víctima Camilo y su familia, les hicieron bombardeos aéreos.
Por más de 112 años, los Yaquis defendieron su territorio. Sus historias orales recuerdan a varios guerreros que se levantaron e hicieron sus propios cuarteles en medio del monte sagrado. Hubo matanzas por parte del ejército mexicano, ahí donde cayeron las familias y guerreros aún les veneran.
La pacificación llegó hasta 1937 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Hoy el gobierno federal lo toma como referencia para crear un Plan de Justicia para el pueblo Yaqui, que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabeza el titular del INPI, Adelfo Regino Montes.
Don Camilo es reconocido por su pueblo como historiador yaqui, aunque él se ve a sí mismo como escritor. Su vocación por documentar, almacenar y sistematizar documentos, historias, recorridos, asambleas, mapas, narrarlos y comentarlos, es bien conocida por los habitantes de los ocho pueblos yaquis. Tiene tres tomos compilados.
Él vive en Vícam Estación, pero a su abuela la raptaron de Cócorit. Tiene dos cuartos en su solar y uno se lo va a regalar a su hijo, para que deje de pagar renta con su esposa. Para él, justicia sería que se restableciera en los jóvenes todos los valores yaquis que le enseñaron y que ha vivido, pero que han sido desplazados con la urbanidad, la discriminación, la guerra del Yaqui.
“Pensábamos que tendríamos mucha milpa si regresábamos”. Camilo recuerda que platicaba en el exilio con su madre y su abuela sobre la abundancia de la tierra y en la tranquilidad de vivir junto al río Yaqui. Al regresar, se ha topado con el desplazamiento de su cultura, la continuación del despojo y el desecamiento del río Yaqui.
Los pueblos Yaquis se asentaron a lo largo del río del mismo nombre, con presencia desde las cordilleras de la Sierra del Bakatete hasta la costa en la Isla de Bahía de Lobos, desde el valle del Yaqui hasta al norte de Sonora y Arizona en Estados Unidos. Sin embargo, con las misiones jesuitas que llegaron en 1617 nace el concepto de ocho pueblos.
De esto da cuenta la investigadora del pueblo Yaqui, Raquel Padilla Ramos (asesinada en 2019). Los 8 pueblos son un concepto y no se pueden tomar como entidades separadas, pues este concepto se impuso cuando llegaron los jesuitas a evangelizar. Posiblemente antes eran muchos más ya que había incontables asentamientos a lo largo del Río Yaqui.
“El estilo de distribución español en el que el templo (edificio ceremonial) y la sede del poder civil marcan el centro mientras que las casas-habitación se levantan siguiendo una lógica cuadricular (en manzanas), no tuvo el más mínimo éxito en las comunidades yaquis”, describe en el libro Los ocho pueblos como concepto.
Actualmente, los ocho pueblos son unidades político-religiosas autonombradas Loma de Guamuchil, Loma de Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huírivis y Pitahaya. Su conformación territorial no es uniforme. Unos viven primordialmente de la tierra, otros lo hacen del mar. Varios han tenido divisiones por el despojo de las personas blancas externas a quienes denominan yoris.
Desde 1984, participa por encargo de las autoridades tradicionales en comisiones que revisan los linderos y el territorio de la tribu. Su diagnóstico no es positivo. De continuar el despojo, la tribu corre el riesgo de desaparecer. Ahorita el territorio está bajo el asedio de las mineras y los gasoductos.
Para él, la pérdida del territorio es la primera razón de la pérdida de las tradiciones yaquis.
Los ocho pueblos se dividen en tres municipios, aunque la mayoría resuelve sus asuntos en Ciudad Obregón. Ahora con la pandemia, fueron ahí a atenderse por la falta de hospitales, personal médico y medicinas en su territorio.
El acaparamiento del territorio por parte de los yoris orilló a dos pueblos a refundar una cabecera: Loma de Bacum en Bacum y Loma de Guamuchil en Cócorit. En suma, hay dos Vícam: Pueblo y Estación (o Switch debido al cruce de vías del ferrocarril).
Raquel Padilla añade que hubo un abandono del valle del Yaqui por causa de la deportación a Yucatán. Con ello, los territorios se modificaron y se reconfiguraron los límites al regreso de miles de yaquis.
Don Camilo documenta en su tomo III el despojo de empresas trasnacionales como la Richarson y la ocupación del Valle del Yaqui por empresarios productores. Esto provocó que el territorio yaqui se redujera.
Las calles son terregosas y polvorientas. Serpentean entre árboles de mezquite y modestas rejas de carrizo. Se alcanza a ver los jardines y tejabanes de las personas que alimentan los animales. Aún es común ver las casas tradicionales de carrizo y adobe. Las dos cabeceras más urbanizadas, Vícam y Pótam, tienen más construcciones de cemento y algunas calles pavimentadas.
El llano donde se traslada una nube de polvo, es una especie de centro sin centro. En Pótam, como en los ocho pueblos, predominan dos de las históricas iglesias construidas por jesuitas que conviven con las enramadas de las Guardias Tradicionales Yaquis. Estos son los espacios de reunión y asamblea donde los habitantes toman decisiones. Al ser unidades político-religiosas, contemplan a ambas, la religión y la administración, como forma de gobierno. La base de su gobierno tradicional es la tropa: los habitantes de los pueblos yaquis.
La iglesia yaqui rige la vida ritual, espiritual y lo sagrado. Organiza los cargos para las fiestas tradicionales como la Cuarejma. Decide quién puede ser gobernador, organizan ceremonias, rituales y danzas tradicionales.
La guardia tradicional es el órgano que rige el orden y la justicia. Cada uno de los ocho pueblos cuenta con su gobernador, pueblo mayor (o consejero anciano), capitán, comandante, secretario, que conforman la Guardia Tradicional y ejercen un sistema de gobierno asambleario, ejercen un sistema de justicia propio y cada domingo, deben rendir cuentas a la tropa.
Las iglesias no son comunes. No tienen bancas. Son lúgubres y de colores vivos. Tienen figuras monumentales de vírgenes y santos. Todas hasta atrás tienen un tapanco para las cantoras. un eco irrumpe. Es la voz de Clementina desde el centro del Templo de la Santísima Trinidad entre paredes turquesas. Ella es cantora con 10 años consagrada, primero se soñó cantando y luego dedicó su vida a la iglesia yaqui. Ahí conoció a su esposo que ahora ejerce el cargo de mayor de la Iglesia o Temasti-mol en lengua hiaki, líder espiritual.
Recuerda para la tradición yaqui, quien rige en la vida del pueblo es la iglesia, es quien define la conformación de la guardia tradicional.
“Quisiera que se les entregaran las tierras a todos los beneficiarios, todos los que son dueños de tierras, pues que ya no las rentaran. Porque esas son herencias, de nuestros padres pues, nos hemos espinado las manos ahí y los pies”, exclama con el eco del templo.
Durante el 2020, el gobernador tradicional fue José Ángel Maldonado Buitimea. En aquel año concedió entrevista a Pie de Página.
Él es portador del linaje del legendario guerrero yaqui Tetabiate Maldonado, a quien visita en su tumba en la Sierra sagrada del Bakatete, donde suelen realizar sus rituales ancestrales, como la danza de venado. Ahí, tenían un cuartel de guerreros yoremes.
Maldonado habló con el titular del Instituto de los Pueblos Indígenas cuando comenzaron los diálogos rumbo a la creación del plan.
“Adelfo nos dijo que quería arreglar las cosas por vía legal. Como antes, ahora también tenemos armas. Nosotros le damos un año para que haga todo esto [del territorio y el plan de justicia]. Y si no, pues nos vamos a levantar en armas. Él dijo que le tuviera confianza”.
En septiembre de 1940, como presidente, Lázaro Cárdenas publicó un decreto de restitución de tierras a la Tribu Yaqui. Además de regresarles lo robado por grandes corporaciones, estipuló que dispusieran de la mitad del caudal del Río Yaqui almacenado en la Presa “La Angostura” durante cada año agrícola.
Pero lo dispuesto por Cárdenas no sucedió.
“Nunca se ejecutaron los pendientes anunciados en su salida del presidente de la república general Lázaro Cárdenas del Río en la que se refiere el deslinde y amojonamiento, según lo confirma en su resolución definitiva de 1940”. Así lo escribe don Camilo en su tomo dos.
La historia oral da cuenta que los yoemes que apoyaron al gobierno de Cardenas los empezaron a llamar yaquis gobiernistas (toroko yoris), en contraposición de los kaujomes, quienes tenían un arraigo profundo de las tradiciones. La iglesia yaqui ha quedado de lado, pues la representación ante el Estado queda en los gobernadores de las guardias tradicionales, denuncia Clementina.
El río Yaqui es uno los dos más grandes de Sonora, junto con el río Mayo. La cuenca llega al sur de Arizona y al oeste de Chihuahua.
“El inicio de la implementación del sistema de presas en el denominado río Yaqui, ha provocado paulatinamente el desplazamiento (afectación y debilitamiento) de una cultura del agua por otra, en el contexto de la geografía del semidesierto, en una área cuya condición de aridez se ve agravada por la operación del llamado “acueducto Independencia”, escribió Raquel Padilla en el peritaje antropológico respecto del impacto social y cultural por la operación del acueducto Independencia. Además de La Angostura, construyeron dos presas más El Novillo y Oviáchic. Desde 1996 las reportan con acentuado estrés hídrico.
El periodista e historiador Fernando Benítez narró en un pasaje del tercer tomo de Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana una anécdota de los años sesenta del siglo pasado. En aquella ocasión Lázaro Cárdenas visitó el territorio a petición de los ocho gobernadores de los ocho pueblos yaquis. Lloró después de escuchar que esas tierras estaban (y siguen) en manos de descendientes de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, generales y políticos de Sonora. Además de que no les llegaba la mitad del agua de la presa.
“Según el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, la mitad es nuestra, pero no se ve reflejado ni en el río ni en las cosechas”, asegura la maestra Domitila, que tiene más de 20 años dedicada a reforzar las tradiciones, lengua y costumbres yaquis con infancias y adolescentes en el Centro Cultural de Pótam.
Las situación de las tierras actual, describe Clementina, que en algún momento significaron ganancias a la Tribu, ahora no reditúan en apoyos para la iglesia tradicional. Al principio, al rentar sus propias tierras comunales a los empresarios del Valle del Yaqui, llegaban las ganancias. Sin embargo, el problema fue cuando las comenzaron a sobre rentar.
Gobernadores pasados pidieron por adelantado la renta y eso ha provocado que no haya ingresos, menos para la organización de celebraciones y rituales por parte de la iglesia. Las personas menos participan ya que deben ir a trabajar en horarios que no contemplan su espiritualidad.
“Con las condiciones de injusticia hídrica persistente que ha vivido la Tribu Yaqui, aseguramos que es altamente probable que las nuevas extracciones a la cuenca del río Yaqui, por el trasvase que significa el acueducto Independencia, ocasionen afectaciones irreversibles sobre el territorio, la cultura y la organización social de dicho pueblo, lo que pondría en grave riesgo su continuidad y desenvolvimiento autónomo”, asevera el peritaje.
Aún con las advertencias del peritaje, inauguraron el acueducto independencia en 2013, un proyecto de trasvase que cambia el agua de cuenca para llevarla a la ciudad de Hermosillo.
Al pueblo yaqui le dejó de llegar el agua de su río. Está seco.
“El río Yaqui es una parte principal, fundamental en la vida de los yaquis. Es el origen del pueblo, fue la vida de la comunidad yaqui. (…) Ahora no sé cómo sobrevive Pitahaya donde de plano siempre hay escasez de agua”, explica Domi, como le dicen de cariño. Explica que la cosmoexistencia yoeme está basada en distintas dimensiones: el batwe ania o mundo del agua; el juya ania o mundo del monte; el sewa ania o mundo flor; y chokim ania o mundo de las estrellas (el firmamento).
Sin embargo, los jóvenes se alejan de su propia cultura. Esto, por la falta de recursos naturales, las necesidades del mundo, la discriminación; y ahí se inserta el problema de drogadicción que los aleja más.
El debilitamiento de las tradiciones yaquis entre los más jóvenes, Domitila lo relaciona con el debilitamiento de las autoridades tradicionales de la Iglesia Yaqui.
“Antes podíamos dormir afuera en los solares, ahora hay temor de, en qué condiciones vayan los jóvenes”, cuenta Domitila. A don Camilo, que no tiene reja en su casa, le robaron la puerta de su casa y un celular, le dejaron el cable.
El crimen se ha incrementado. En enero de 2021, el municipio de Cajeme registró 54 homicidios; cuando en enero del 2020 registró 28. De diciembre de 2018 a diciembre del 2020, acumula 755 homicidios y está en los registros del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública como uno de los 15 municipios que concentran los homicidios en México.
Después de la visita a su tumba, ya en casa del Gobernador de Pótam circulan las gallinas libremente. El solar tiene obra en construcción y su casa se ve al fondo. Están sentados a la sombra de un árbol, y justo enfrente de una camioneta estacionada con logotipos del INPI. Está acompañado de su pariente, José Ángel Valenzuela.
“Justicia es que se nos devuelva todo, lo que años atrás nos han quitado. Se llevan mucho dinero con el uso de nuestro territorio. El agua que nos han quitado, que nos han negado, han negociado con ella con Conagua. Pues todo eso que se devuelva. Como llevan negociando tantos años con nuestra tierra, pues se les puede inventariar también. Ahí en nuestra tierra hay mucha (empresa de) mina que busca allá arriba. Ya ven que en la minería pues el agua la venden más cara. ¿Dinero? Nosotros no peleamos dinero”, asegura José Ángel Maldonado Buitimea, quien fue gobernador de Pótam en 2020.
Aunque el gobierno tradicional de Pótam participa, Clementina se queja:
“Deje decirle que nosotros aquí, como Iglesia, no sabemos de su Plan de Justicia, no sabemos qué es lo que traen, ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué le pusieron, qué le quitaron? Exactamente no sabemos. Y se lo puedo decir que todas las iglesias de los ocho pueblos no sabemos. Lo sabrán allá los gobernadores. A nosotros en ningún momento el gobernador se ha sentado a platicar de todos esos temas”.
Domitila cuestiona:
“Con el plan ese famoso que traen, ¿van a hacer las cosas de raíz? Si no, vamos a podar nada más los árboles. Con eso de la pandemia no permiten tantas gentes en las reuniones del plan de justicia que hacen las autoridades federales y los gobiernos yaquis. Nuestros gobiernos tradicionales se deben a la tropa, la tropa somos nosotros, que no tenemos cargo, incluso el niño que no tiene cargo. Somos las alas de los gobiernos de aquí, pero nada más el gobierno yaqui es requerido y no lleva la tropa, por eso no sabemos de qué va, nos informan”, se inconforme la maestra.
A las reuniones, solo han asistido siete de los ocho gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis: Loma de Guamúchil, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. Uno de los asistentes a las reuniones es un gobierno dual: el de Loma de Bácum. Que sea dual quiere decir que no es el tradicional, sino que es una guardia creada de manera paralela por otros intereses.
Para la toma de decisiones deben estar en acuerdo los ocho gobiernos tradicionales elegidos por la tropa yoreme y nombrados por la iglesia Yaqui.
Loma de Bacum es el pueblo que logró detener el gasoducto y actualmente defiende el territorio sagrado de la minería. Su guardia tradicional no ha asistido a las reuniones, confirma Guadalupe Flores Maldonado, quien lidera los trabajos de siembra agroecológica.
“Eso le preguntamos a Adelfo, qué es justicia. La justicia no tiene que ver nada con la legalidad; lo justo es ilegal y lo legal es injusto, la mayoría de las veces. Para mí, justicia sería que tú te sometieras a mi ley, porque estás en mi territorio, eso sería respetar mis usos y costumbres y que entablemos, digamos, en un diálogo de igual a igual. Pero al querer someterme a tus procedimientos, le llaman aplicar la normatividad para los programas sociales, no. Eso es someterse. Porque tú quieres que haga las cosas a tu manera como Estado, cuando las mías han demostrado ser mejor que las tuyas. Esa es la justicia, una justicia donde todos somos iguales”, narra Guadalupe de frente a las higueras que recién brotan de la tierra.
Para Don Camilo, la justicia es la vigencia de los valores yaquis, que los jóvenes los respeten, los vuelvan parte de su vida, pero sobre todo, los lleven a cabo. Que el gobierno de México no solo reconozca su cosmoexistencia, que se adapte a ella.
Don Camilo, el historiador descalzo que guarda un archivo-tesoro en su solar
Imparte:
Mitzy Arely Vergara Santiago.
Taller: TAO DEL AMOR
Domingo 9 de mayo, a las 4pm.
En esta época de desequilibrio debemos hacer conciente el origen de las enfermedades, por lo tanto abrimos la posibilidad de compartir el taller del TAO DEL AMOR.
Consiste en sensibilizar a los tres cuerpos del ser humano, la parte física, mental y espiritual ya que
todo origen de las enfermedades es por medio de las emociones.
Convoca:
Mujeres y la Sexta – La Otra Salud
https://meet.jit.si/my6laotrasalud
🔴TE BUSCAMOS 🔴
Nuestra compañera Yukari Yussue Niño de Rivera Rodríguez, damnificada de Insurgentes Norte 476, está desaparecida desde ayer 28 de abril por la tarde. Pedimos atentamente difundir esta información y exigimos al Gobierno de la Ciudad de México su inmediata presentación con vida.
Mujer de 38 años de edad, con una cicatriz en el cuello, mide 1.58m de estatura, complexión delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro corto, lacio.
No se sabe de ella desde las 5:20 pm del 28 de abril 2021, la última información es que iba de regreso a casa de trabajar en la zona de Galerías Plaza de las Estrellas en la Alcaldía Miguel Hidalgo en un auto Platina, placas 131TB, color arena.
Vestía pants gris, playera blanca, suéter gris oscuro, tenis grises y gorra negra. Yukari es damnificada del sismo del 2017 de Insurgentes Norte 476 y se encuentra actualmente bajo la protección del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“ Aideé 💜y Lesvy💜viven en nuestra memoria y nosotras Insistimos en recordar y recordar colectivamente”
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Junto con Lesvy queremos acompañar la memoria de nuestra compañera Aideé, asesinada el 30 de abril de 2019, dentro de las instalaciones del CCH oriente. Las queremos nombrar juntas, porque su vida y memoria es lo que nos ha traído hasta aquí, encontrando nuestro andar para hacer frente a la violencia feminicida, porque ellas nos han enseñado junto con sus familias el verdadero significado de las palabras dignidad y esperanza.
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