Abajo y a la izquierda, con todo el corazón
Hay una historia de militarización en pueblo indígenas en resistencia contra megaproyectos nacionales que adquiere particularidades en este sexenio
La mirada de quienes cargan la manta es profunda. Avanzan en una nutrida marcha. El mensaje es claro: “Contra la militarización del país”. “Otro mundo es posible”. “Alto a la guerra capitalista y patriarcal hacia el pueblo de México, los pueblos indígenas y los pueblos zapatistas”.
Es 12 de octubre. La convocatoria para el día de la resistencia indígena es contra la militarización. Hay un reflujo a ras de tierra ante la legalización de la Guardia Nacional a cargo de la seguridad pública bajo el mando de la Sedena, de ahí viene la exigencia de los pueblos indígenas, que además tienen memoria y aprovechan la marcha para denunciar lo que sucede con la militarización y lo que han vivido en sus comunidades con el ejercito.
Sobresale Marichuy con la manta en la mano, es vocera e integrante nahua del Congreso Nacional Indígena. También marchan delegados del sureste, una de las regiones donde el CNI tiene diagnosticado un problema creciente con el incremento de elementos del ejercito que llevan a cabo megaproyectos articulados como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.
La presencia del ejército y la militarización en pueblos indígenas no son algo nuevo en la historia del Estado Mexicano. Hay regiones donde está normalizada su presencia tanto como seguridad, tanto en la vida cotidiana de los pueblos.
Así, vemos al ejército construyendo aeropuertos o trenes, mientras capacitan a otros cuantos para que sean elementos de la Guardia Nacional (GN) y para eso construyen cuarteles por doquier, sin consultar habitantes en ciudades y pueblos.
La militarización en México, de acuerdo con la ONU-DH, se entiende como “el despliegue de las Fuerzas Armadas en las ciudades y áreas rurales para ejercer funciones de seguridad pública y “combate” a la delincuencia organizada, así como a otras situaciones que consideran una amenaza”.
“La vigencia de un paradigma militar en la seguridad pública, que puede incluir, además del empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana: la designación de militares en activo, con licencia o en retiro en puestos públicos relacionados con la seguridad, migración, centros penitenciarios, procuración de justicia y otras actividades civiles; la emulación de prácticas de índole militar al interior de las corporaciones catalogadas como civiles, el debilitamiento de la participación de autoridades civiles y la ciudadanía en temas de seguridad; la prioridad del uso de la fuerza en situaciones de seguridad frente a alternativas de más largo plazo”, aseguró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
Lo que vemos en México ahora es una expresión más de la militarización creciente que ya había ocupado labores de seguridad pública, ahora toma labores de construcción y resguardo de los principales proyectos sexenales, transexenales y geopolíticamente hablando, anclados a intereses comerciales internacionales y en la lógica del petróleo. Sin olvidar que la GN se dedica también a labores para contener la migración.
La expansión de las labores del ejército en sectores de la economía y el supuesto desarrollo me hacen pensar que en hay países donde son hasta dueños de empresas. Muy poderosos.
Desapariciones y delincuencia organizada en tierra maya
Ángel Sulub participa en la marcha contra la militarización. Cuenta en entrevista cómo a pesar de que en 1901 se decretó el fin la guerra contra los mayas rebeldes de Chan Santa Cruz (Noj Kaj Santa Cruz Xbáalam Naj), donde participó su bisabuelo, la historia oral con los abuelos cuenta que nunca vieron el fin de esa guerra. Un batallón permaneció a vigilar que no se levantaran de nuevo por su gobierno autónomo.
“Hay que recordar que los abuelos y las abuelas no se consideraban mexicanos, sino que consideraban a México como invasor que estaba llegando para despojarles de su territorio. Los abuelos y las abuelas vivieron en libertad”, afirma Ángel.
En la charla rememora que fueron los mayas que vivieron la libertad, y no la esclavitud como en las haciendas henequeneras, quienes se levantaron por su autonomía. El trazo del proyecto Tren Maya pasa por esas tierras que cuidaron sus ancestros, ahora nombrada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo.
“La defensa de la libertad es simbólicamente en contra de los de los ejércitos. Estos ejércitos invasores, esos ejércitos que llegaban para despojar. Cuando el Ejército Mexicano entra a esta comunidad. Toma este pueblo, que era un pueblo sagrado, que conservaba toda la esencia del pueblo maya, su espiritualidad, todas sus prácticas, pues ancestrales, eh? Entra y toma esta comunidad bajo el mando de general Ignacio A. Bravo, bajo el mando de Porfirio Díaz. Entonces empieza a vivir una situación muy grave con la que la presencia y control militar y se vive una etapa muy muy cruel, una etapa muy grave de genocidio de nuestro pueblo. Inician las cacerías de los pueblos mayas”.
Asegura que este genocidio no fue por causas raciales sino por ideales políticos, lo cual lo vuelve en su particularidad, y con el llegó una etapa del olvido y borrar de la memoria los abusos de ejército. Por ello prepara un documento con el Centro U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, ya que lo más reciente que han vivido es el incremento de la militarización para construir el tren y los proyectos industriales, turísticos y de urbanización que lo acompañan.
Ahora ven patrullar a cada rato los vehículos tanto del ejército como de la Guardia Nacional, cuestión de un año que se les ve diario. “Es parte del paisaje”. Con la presencia de los elementos castrenses, llegaron también las desapariciones, los descuartizados, los asesinatos, las ejecuciones, el incremento y visibilidad de actividades delictivas. Todo esto es nuevo para los habitantes mayas de Carrillo Puerto.
“Vemos que ha funcionado mucho este despojo de la memoria, porque cuando miramos como se ha incrementado en este momento la presencia militar en las playas, en los espacios públicos en las comunidades, como están presentes los militares incluso en actividades donde hay infancias, armados participando en brigadas de apoyo a las escuelas para pintar o para cortar pelo. En diferentes de diferentes maneras se está haciendo muy presente, sabemos que es una estrategia para para meter al ejército hasta las comunidades”.
Y Ángel sabe que se pondrá peor, como lo vieron con sus antepasados. Da cuenta de su diagnóstico comunitario:
“Muy fuerte, que con el incremento también del ejército de la Guardia Nacional, de los militares en en el territorio, pues lo que estamos viendo también es el incremento de la de la criminalidad de la inseguridad y del miedo”, lo dice con cierta incertidumbre y tristeza por lo que están viviendo.
Carlos González, abogado agrario e integrante del CNI, advierte que “La militarización en los pueblos es creciente, por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón sin embargo, la situación peculiar que vemos hoy que es la medida en que se de agudiza en los procesos de despojo y de destrucción de los territorios de los pueblos originarios, junto con la expansión territorial y de influencia económica y política de los carteles criminales, va de la mano la militarización. Vemos este incremento en los procesos de despojo a partir de megaproyectos de infraestructura muy específicos como son el Tren Maya, el corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. Y pretenden reordenar territorios, fronteras y poblaciones en la lógica geopolítica del gobierno de Estados Unidos. Se ha dado más impulso a la explotación minera junto con una política de hidrocarburos agresivas”.
Con esperanza y memoria vivas, Ángel participa en el Centro U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, junto con sus integrantes, realizan actividades para fortalecer las raíces mayas que les vinculan al territorio, así el amor por el territorio, por resguardar la sabiduría de las abuelas, de los abuelos, el valor de ser maya y por el cuidado de la tierra, para que “la defensa del territorio, la protección de al tierra, pues llegue solita”.
“Siempre habrá esperanza. Es cierto que el panorama que tenemos enfrente es muy duro y que pues que sabemos qué es lo que vendrá, va a ser va a ser cada vez peor para los territorios. Pero está la esperanza de que en las luchas, las resistencias, los esfuerzos solidarios, los esfuerzos comunitarios, también crezcan. En nuestro cuerpo, en nuestra memoria, desde nuestras familias de tal manera que eh, la defensa del territorio, la protección del territorio, pues llegue solita”, asegura Ángel.
Para Carlos González hay una continuidad de las políticas macroeconómicas neoliberales, como el libre comercio que intensificaron con el T-Mec o la política de alza de tasas de interés financieras para la especulación.
Da cuenta del diagnóstico que realizó el CNI en septiembre, con pueblos de más de 20 estados, en el marco de su más reciente reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento:
“La Guardia Nacional es una es una guardia que no es civil. Que desde un principio estuvo integrada fundamentalmente por militares y dirigida en todo momento por militares. Ya con las reformas que se aprobaron, estamos hablando de militarización o de crecimiento de la militarización. La Guardia Nacional va prácticamente a todos los municipios del país, pretenden establecer un cuartel una base de operaciones y eso está impactando sobre todo en comunidades indígenas.”
Esto sucede en pueblos indígenas del CNI pero también en muchos que no se organizan en esta red pero que tienen un historial de resistencia y lucha por la tierra, como es la Tribu Yaqui. Justo los tres municipios donde habitan están catalogados de los más violentos de México: Guaymas, Empalme y Obregón, de acuerdo con el la información de la Secretaría de Seguridad Pública. Solo Vicam estación y Loma de Bacum, dos pueblos yaquis participan en esta red. Pero quienes denuncian esta vez son de Huirivis, uno de los más lejanos.
Flavio Buitimea es el nombre que elige por cuestiones de seguridad. Flavio recuerda que antes ni policías ni militares entraban a su territorio, pero desde que entró el Plan de Justicia ha visto cómo la Guardia Nacional entra y patrulla por las calles principales y, en su pueblo, hasta han entrado a casas de particulares con supuestos operativos que dejaron asustada a la población. No se borra de su memoria que fue el ejercito quien los esclavizó y llevó a las haciendas henequenerasdel sureste a trabajar. No olvidan que el ejército bombardeó su territorio, también ordenado por Porfirio Díaz. “Los pelones” les decían.
“El crecimiento de la violencia que producen los cárteles funciona como pretexto para militarizar, pero no está sirviendo a la militarización para frenar esta violencia. Donde hay presencia militar, hay violencia, hay asesinatos, hay desapariciones, hay toda clase de crímenes. No está sirviendo”, asegura Carlos.
“Analizando este proceso con el CNI, de militarización y de paramilitarización, de de guerra hacia las comunidades, de crecimiento en los procesos del despojo, de crecimiento exponencial de la drogadicción y el alcoholismo en las comunidades y pueblos originarios, nos preocupa en todo el país”.
Carlos ve que hay una intención clara de movilizar a la Guardia Nacional y militares para frenar la migración y para proteger estos megaproyectos, y por el otro lado cercar a pueblos y comunidades organizadas como las zapatistas.
Hay pueblos como Milpa Alta, San Nicolás Totolapan, Ostula, que por decisión de asamblea, llevando a cabo sus derecho a la libre determinación, negaron la entrada de cuarteles o bases de la GN. Los frenaron.
Carlos González recuerda que el marco constitucional y convencional señala limitantes a la presencia de militares en territorios indígenas:
“El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas señala que la presencia de militares el territorio es indígenas únicamente pueden ser acordado mediante consultas las comunidades afectadas y no lo están haciendo. Están pasando por encima de la decisión de las comunidades y si no se establecen es porque hay una oposición y un rechazo determinante de las comunidades”.
Con este ejemplo, aún queda esperanza para el cuidado de los pueblos frente a la militarización.
Botas llenas de Tierra. Tejedora de relatos. Narro sublevaciones, grietas, sanaciones, Pueblos. #CaminamosPreguntando De oficio, periodista. Maestra en Comunicación y cambio social. #Edición #Crónica #Foto #Investigación
A mediados de la década de los noventa comenzaba a darse un movimiento global que Ernesto Zedillo, presidente de México en el sexenio, 1994-2000 …
Del movimiento por la Justicia Global a los Fridays for Future – Jorge Tadeo Vargas
Presentación del libro «Somos»
Poesía de resistencia.
Sábado 29 octubre 2022, 17:00 hrs
El Paliacte, espacio cultural: Calle 5 de Mayo 20, Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO
Presentación de libro: SOMOS
De Sarawi Andrango poeta Kayambi y Darío Iza Pilaquinga, poeta Kitu Kara.
Poesía de resistencia.
A lo largo de estas 120 páginas, camina la rebeldía de la tierra nuestra de todos los días, el reflejo e ilusiones de los estudiantes y obreros movilizados, la memoria viva de nuestros abuelos y abuelas, los sueños de campesinos, albañiles, agricultoras, empleadas domésticas, camina y florece la esperanza en un mundo nuevo.
Sábado 29 octubre 2022, 17:00 hrs
El Paliacte, espacio cultural
Calle 5 de Mayo 20, Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Invita: Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ
www.redajmaq.org
Asesinan a Filogonio Martínez Merino, ex agente municipal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde, Oaxaca
El día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2022, asesinaron a Filogonio Martínez Merino, ex agente municipal de Paso de la Reyna, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reyna y La Humedad de la misma municipalidad.
Filogonio Martínez Merino fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y el proyecto Río Verde. Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever): Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año 2021 y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy.
El año pasado Filogonio Martínez Merino solicitó, en su carácter de autoridad y por mandato de la asamblea comunitaria, medidas cautelares colectivas para la comunidad de Paso de la Reyna al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Medidas cautelares que aún están vigentes.
Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que inicie la investigación correspondiente. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a la comunidad de Paso de la Reyna y a la familia del defensor.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 26 de octubre de 2022.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER
Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA
https://www.jornada.com.mx/2022/10/27/estados/033n3est
Desplazar a las familias de sus hogares y no consultar a las comunidades indígenas antes de proceder son solo algunas de las violaciones de DDHH del @TrenMayaMx. ¿Por qué @Renfe @Ineco_es @DB_Bahn @Alstom participan en un proyecto así? #AlertaConElTren
Hay violencias que son visibles y otras no tanto, son practicadas con perfil más bajo y ocultadas bajo el argumento de ser instrucciones en un contexto laboral. A estas violencias estamos acostumbradas mayormente las mujeres trabajadoras, sobre todo aquellas quienes nos encontramos en situación de inferioridad jerárquica en los centros de trabajo.
La violencia laboral, institucional y machista, es la situación por la que han pasado y pasan trabajadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, sin que exista un medio eficaz de defensa. En la oficina de la Contraloría, área adscrita a Rectoría General, mujeres trabajadoras han sufrido hostigamiento sexual y acoso laboral, y sorpresivamente ha habido un número importante de trabajadoras que han laborado en esta oficina por tiempos variados pero que no pasan de un año o un poco más, sucesos acontecidos durante la gestión del actual Contralor y lo que ilustra que al interior está sucediendo algo que no puede ser común.
Las trabajadoras que escribimos esta carta, acudimos en diferentes momentos a las únicas dos instancias universitarias que son competentes para velar por los derechos de la comunidad, la Oficina del Abogado General y la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Una trabajadora de nivel operativo decidió denunciar el hostigamiento sexual que ejercía su Director sobre ella, si bien en la oficina era conocido el proceder del agresor, así como también era conocida la relación de amistad que guardaba con el Contralor, lo que procedió fue una imponente liquidación y una carta de renuncia de la persona agresora. Hay que entender que cuando la UAM premia con una liquidación al agresor y permite que los violentadores renuncien, los hechos quedan impunes y el expediente de los responsables limpios. Nos preguntamos cómo se puede garantizar por parte de la Universidad el acceso a la justicia a las víctimas de violencia en estos casos, cuando propician que los agresores no formen más parte de la comunidad.
La Universidad tiene un vacío para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de derechos humanos de su comunidad. Es evidencia de este vacío y de la incongruencia de los discursos de sus funcionarios y funcionarias, que las trabajadoras que acudimos a solicitar apoyo a la Defensoría de los Derechos Universitarios, seamos a quienes se nos aplicó en dos casos, procedimientos administrativos sin tomar en consideración nuestras quejas y testimonios ante la Defensoría, sobre lo que estábamos viviendo.
Lo anterior muestra no solo falta de congruencia, sino que pensamos es una estrategia bien sabida y aplicada de la Universidad, que es muy frustrante para quienes inocentemente pensamos que tendríamos un defensor que velaría por nuestros derechos, sobre todo por quien se supone debe luchar por los derechos de las mujeres, como es la Defensora titular.
No importó en nada que nuestra Directora testificara los maltratos y que como prueba de lealtad el Contralor le exigía “destrozarnos”, que las trabajadoras hubiéramos acudido a denunciar que nos vigilaban, que nos exigían cumplir con horarios que no estaban estipulados en el contrato, que nos sobrecargaban de trabajo, que incluso sufrimos amenazas de que no somos personas de confianza del Contralor, que actualmente todavía se insiste para quienes laboran ahí, que pueden perder el trabajo en cualquier momento, que no pueden dejar su escritorio porque las observan constantemente, que las afectaciones de salud física y mental que varias trabajadoras han experimentado, sean motivo para que digan en la oficina de Contraloría que “están locas”. Que incluso exista comunicación con personas que forman parte de nuestro entorno social externo a la Universidad, para decirles que somos personas conflictivas.
Si la Universidad no modifica la manera en cómo hace frente a las violaciones de derechos humanos en su comunidad por parte de sus funcionarios, estas situaciones están destinadas a repetirse. En Contraloría es ya una forma de trabajo, solo basta conocer la movilidad que ha tenido el área en cuanto a contratación de trabajadoras y despido de estas, por renuncia, por no recontratación, o por procedimientos administrativos, todo durante el periodo del actual titular.
La Universidad no protege a las mujeres miembros de su comunidad de la violencia, estos hechos seguirán sucediendo, porque las que ahora escribimos, hemos laborado en momentos distintos, y coincidentemente hemos experimentado las mismas afectaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el “acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos”, pues resulta necesario “que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad”.
Nuestras denuncias ante la Defensoría de los Derechos Universitarios fueron usadas como anzuelo, es decir, no sirvieron más que para hacer más visibles a las mujeres denunciantes y por lo tanto colocarnos en situación de vulnerabilidad mayor, lo que ha sucedido en casos en los que se llevó a cabo procedimientos administrativos con la consecuente rescisión laboral sin responsabilidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, sin el pago de finiquito ni partes proporcionales que acentúa el estado de indefensión al privarnos de nuestros recursos económicos para en su caso, poder contratar un abogado para nuestra defensa, sin que este órgano defensor universitario hiciera algo para evitarlo. Ahora, las denunciantes somos señaladas, marginadas y algunas fuimos expulsadas de la comunidad universitaria con imputaciones falsas y fabricadas a modo en coalición de los funcionarios de esa Universidad y la violencia institucional y malos tratos a los que fuimos sujetas quedarán en la impunidad.
¡Basta de violencia machista e institucional en la UAM!
¡Exigimos destitución inmediata de nuestros agresores y veto de trabajo en cualquier institución pública!
26.10.22 Comunicado FPDTA MPT:
El narcoestado que hoy se extiende con la militarización, responsable de la muerte de Samir.
A 2 días de la llegada de nuestro hermano Samir en nuestras celebraciones tradicionales en Día de Muertos, DENUNCIAMOS la clara vinculación del narcoestado en su asesinato.
Los invitamos a difundir y denunciar la verdad sobre los asesinos de Samir y a recibirlo en sus hogares este 28 de octubre. En Amilcingo, la tierra que lo vio nacer y morir se instalará su ofrenda desde el jueves 27 y durante el 28, lleven fruta, panes, calaveritas y lo que gusten compartir con Samir.
MUJERES Y LA SEXTA