NAVIDADES CARCELARIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA por Aída Hernández Castillo en Rompeviento TV


Aurora espera la llegada de la Navidad en un nuevo penal a donde fue trasladada el 18 de diciembre pasado, en medio de la noche, sin aviso alguno y sin poder llevarse ninguna de sus pertenencias. Su hija me cuenta con voz temblorosa que durante un día entero no tuvieron noticias de ella, que una de sus compañeras les dio aviso de que la habían trasladado, pero que no sabían a dónde. Había miedo de que se tratara de un “levantón” por haberse quejado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Morelos del trato que recibió cuando enfermó de COVID19. El miedo me recorre el cuerpo, “desaparecer” de manera definitiva cuando estás en custodia de las fuerzas de seguridad, algo no raro en el México de las mil fosas, en donde hay permiso para matar. Su hija nos informa más tarde que ya la han localizado, que fue desnudada y golpeada durante el traslado y que está ahora en otra prisión femenil, lejos de su familia y de sus redes de apoyo. Denunciar nuevamente ante organismos de derechos humanos no es una opción, porque la experiencia previa les enseñó que esto solo trae más vulnerabilidad y castigo. Con impotencia, no me queda más que respetar las “precauciones” de la familia.

Durante el mes de junio, Aurora enfermó gravemente, tuvo fiebre, dolor de articulaciones, problemas para respirar, y junto con otras tres internas fue aislada en un cuarto sin cama ni agua potable, les dieron unas cobijas para dormir en el suelo. Como en muchas prisiones de México, en este penal femenil no hay servicio médico permanente. La enfermera que la revisó, diagnosticó dengue, y le dio una receta a la familia para que comprara las medicinas requeridas. Cuando leo la receta que me muestra su hija mayor, veo que se trata de diazepam de 10 mg, un sedante antipsicótico muy fuerte. Sabemos por las familias de las internas que el COVID19 ya entró y se instaló en los penales del estado, así que nos movilizamos para pedir la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La historia kafkiana se complica aún más, cuando se le presenta al visitador de derechos humanos una persona que no es Aurora, quien, haciéndose pasar por ella, aclara que está bien de salud y no quiere presentar ninguna queja.  Mientras tanto, Aurora enfrenta sola la enfermedad, aislada, tirada en el piso y sedada para no que no cause disturbios. Sobrevive y empiezan las represalias, las amenazas a ella y a su familia, que terminan con una golpiza y un traslado forzado.

Estas historias se tienen que contar sin nombres reales, sin referencias concretas a las prisiones en donde el miedo y la pandemia tienen a las internas inmovilizadas. Protegerlas y protegernos es nuestra prioridad, pero cada intento de hacerlo parece contraproducente. ¿A dónde volver la mirada cuando el crimen organizado sigue coludido con las autoridades penitenciarias y nadie parece tener la intención de quitarle ese poder? ¿Cuándo llegará la Cuarta Transformación a los penales? En septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que existían 2,774 casos de COVID en las prisiones del país y que 234 personas habían muerto a causa de la pandemia. Sabemos que en las prisiones no se están haciendo pruebas, y que casos como el de Aurora, diagnosticados como dengue, influenza simple, asma… ocultan la cifra real de contagios y muertes.

La Ley de Amnistía declarada el 22 de abril pasado, abrió una ventana de esperanza de que las mujeres presas por interrupción del embarazo, por delitos no violentos y delitos contra la salud (como se tipifican los delitos de narcomenudeo), así como las mujeres indígenas que no contaron con traductor y las mayores de sesenta años o con precondiciones que las volvieran vulnerables a la pandemia, pudieran salir. Pero han pasado nueve meses y nadie ha salido, la mitad de las cárceles del país tienen problemas de sobrepoblación, y la mayoría no cuenta con fuentes de agua potable en las celdas. Es decir que las 214 mil 202 personas que pasarán esta Navidad presas, no cuentan con las condiciones de seguridad mínimas para protegerse de la pandemia. Para que puedan optar por acogerse a la Ley de Amnistía, necesitan saber que la ley existe (a la fecha no se ha difundido al interior de los penales, ni traducido a ningún idioma indígena), contar con un abogado, representante legal o familiar que acceda a los formatos e interceda por ellas; después se necesitaría que la Comisión de Amnistía añadiera su solicitud a las 771 ya existentes, que aún esperan ser revisadas. Pero para que esto suceda, la Comisión necesita reunirse, y a estas alturas ya todos están de vacaciones. Cada solicitud necesita tener un expediente; este, un proyecto de resolución, luego una revisión; si se logra llegar hasta aquí, se deberá enviar a un juez federal para ver si procede… los jueces, por supuesto, también están de vacaciones. Cuando regresen, pueden desestimar los casos si consideran que no tienen el perfil requerido para ser digno de la amnistía. Es decir que las promesas de acabar con la criminalización de la pobreza y voltear la mirada a una justicia reparadora, que se anunciaron en las campañas políticas, siguen sin cumplirse. Por el contrario, durante el primer año del nuevo gobierno, catorce mil personas más fueron privadas de su libertad, no se promovieron beneficios de libertad anticipada, ni beneficios por razones humanitarias.

Ante este contexto, muchas organizaciones de la sociedad civil mexicanas, formadas por mujeres excarceladas y feministas aliadas, nos hemos unido a la Campaña Latinoamericana por la Excarcelación de Mujeres, en la que participan agrupaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, para visibilizar los peligros que las mujeres presas viven en el contexto de esta pandemia, unidas bajo la consigna #AméricaLatinaLiberarlasEsJusticia. En un primer diagnóstico (https://feministasanticarcelarias.org/?page_id=43) vimos que en ninguna de las cárceles de la región se están respetando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes desde los inicios de la pandemia crearon protocolos para asegurar el derecho a la salud de la población en reclusión y recomendaron impulsar medidas de liberación anticipada que permitan descongestionar las prisiones. La pandemia puso en evidencia la crisis carcelaria que se vive en América Latina desde hace varias décadas, documentada por los trabajos académicos, y denunciada por las organizaciones feministas y de derechos humanos. Las condiciones de hacinamiento, la falta de servicios de salud, el carácter punitivo de los sistemas carcelarios, los largos procesos de prisión preventiva, la falta de medidas alternativas al encarcelamiento, han explotado ante la necesidad urgente de descongestionar las cárceles frente a la pandemia de COVID19.

Desde los primeros meses de la pandemia, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró: “el COVID19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”. En esos mismos días, la OMS-Europa publicó una guía de cómo tratar el COVID19 en las cárceles y otros lugares de detención.[1]   En nuestro primer diagnóstico regional, documentamos que estas guías ni siquiera son conocidas por el personal carcelario, que sigue usando el aislamiento como única medida preventiva. También se coincidió en este diagnóstico preliminar en que los “delitos de drogas” son la principal causa de encarcelamiento de mujeres, en los cinco países que encabezan la campaña, y que estos delitos están vinculados a la feminización de la pobreza y precarización del mercado laboral. Entre el 70 y el 80 % de las mujeres presas son madres y cabezas de familia y su encarcelamiento ha dejado aún más vulnerables a sus hijos e hijas.

Cada país tiene sus demandas específicas, en el caso de México, la aplicación efectiva y expedita de la Ley de Amnistía para los delitos del fuero federal y la creación de leyes espejo por parte de los Congresos estatales son demandas centrales de la campaña. Aparte de todas las trabas que han hecho inoperante a la fecha la Ley de Amnistía, es importante señalar que esta tiene un alcance muy limitado porque excluye al 85 % de los y las presas del país que están en fueros estatales.  En lo que respecta a los delitos de drogas, como el narcomenudeo, solo el 1 % está en cárceles federales. La misma Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que el máximo de personas a las que esta ley podría beneficiar, serían unas 6,200 de las 214 mil 202 personas presas en el país. Esto, por supuesto, si lograran superar la “carrera de obstáculos” que implica solicitar la amnistía. Otra demanda fundamental que tenemos en la campaña  es la creación de un programa integral que acompañe los procesos de excarcelación, pues no se quiere lanzar a la calle a hombres y mujeres con condiciones de salud vulnerables, a una sociedad en crisis, sin que se les asegure la posibilidad de un regreso digno a la vida ciudadana fuera de la prisión.

Sabemos que la vida de muchas personas en prisión corre peligro, y que muchas mujeres pasarán estas fiestas navideñas hacinadas, compartiendo el espacio para dormir hasta con 15 compañeras, según diagnósticos realizados en cárceles femeniles. Si un 46 % de la población en reclusión comparte su celda con más de cinco personas, ¿cómo lograr el distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias? ¿Cómo lavarse las manos constantemente cuando una tercera parte de las personas en reclusión no cuenta con agua potable en sus celdas? Esta crisis de salud ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que caracterizan a nuestro país, que hace que algunas personas podamos guardar la cuarentena seguras en nuestras casas, y pasar las fiestas navideñas quejándonos por no poder organizar posadas, mientras que otras mujeres no tienen casas, tienen que salir a trabajar para no perder sus salarios o están presas por delitos de pobreza, en donde recibirán el 2021 lejos de sus familias y a merced de políticas penitenciarias que cotidianamente violan sus derechos humanos.

https://www.rompeviento.tv/navidades-carcelarias-en-tiempos-de-pandemia/

Publicado por mujeresylasextaorg

Mujeres que Luchan, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Anti patriarcales y Anticapitalistas

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