Liberan a Zenaida Pastrana, mujer indígena mixteca, tras mantenerla 9 años en prisión de manera arbitraria
Comunicado. Fecha: 11/02/2013
El 5 de febrero pasado, tras el continuo apoyo de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC-ASILEGAL, Zenaida Pastrana de la Cruz fue liberada después de permanecer 9 años y 6 meses en prisión en el Centro de Reinserción Social de Tlapa de Comonfort en el Estado de Guerrero.
Originaria del municipio de Copanatoyac, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, Zenaida se enfrentó a un sistema de justicia inquisitivo, violatorio del debido proceso, que criminaliza y presume la culpabilidad de forma sistemática, especialmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, como Zenaida.
Su historia
Zenaida fue detenida por policías ministeriales horas después de haberse cometido un homicidio dentro de su casa. De manera arbitraria, con violencia y sin una orden de aprehensión fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Más tarde fue consignada ante el juez penal del Centro de Readaptación Social de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante el cual se desahogaron diversas pruebas tendientes a acreditar la inocencia de Zenaida, cuestión que predomina en un proceso inquisitivo, en donde a las personas imputadas de un delito se les confiere la responsabilidad de comprobar su inocencia en tanto que las autoridades de procurar justicia no demuestren su culpabilidad.
Dos años después, un juez de primera instancia la sentenció a 30 años de privación de la libertad. Su defensa apeló la resolución y 4 meses después la Sala penal correspondiente determinó regresar el caso al juez de primera instancia, con el fin de que éste repusiera el proceso, al identificar violaciones al debido proceso de Zenaida.
Catorce meses después, el juez de primera instancia volvió a dictar la misma sentencia, sin subsanar las deficiencias que la Sala le había indicado. Inconformes con esa resolución, se interpuso por segunda ocasión un recurso de apelación ante la Primera Sala Penal, la cual dos meses después repuso una vez más el proceso, reiterando había sido violada la legalidad y el debido proceso. Ocho meses después, el juez de primera instancia volvió a dictar a Zenaida una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, por lo que por tercera vez se apeló la resolución ante la Primera Sala Penal, la cual seis meses después confirmó dicha sentencia.
Zenaida recibe un amparo
El 21 de enero de 2010 ASILEGAL promovió un juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual fue concedido cuatro meses, ordenando a la Sala Penal que dictara una nueva resolución en la que se ordenara la reposición del procedimiento. En ese sentido, dicha Sala dictó el 18 de junio del mismo año una nueva resolución en la que ordenó al juez de primera instancia reponer por tercera vez el procedimiento. Dos años después el juez dictó una nueva sentencia condenando nuevamente a Zenaida a 30 años de prisión.
La libertad
Por cuarta vez, a mediados de 2012 se apeló la decisión del juez de primera instancia. El 5 de febrero del presente año, la Sala Penal resolvió liberar a Zenaida.
Tras un programa de identificación y documentación de casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad en Guerrero, ASILEGAL asumió la representación legal de Zenaida Pastrana de la Cruz en julio del 2008, brindándole el acompañamiento necesario para su defensa.
Zenaida, como muchas mujeres indígenas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, ha sido víctima de la aberrante discriminación de género que existe en México y que se materializa en la violencia institucional ejercida sobre las mujeres en el ámbito de la impartición y procuración de justicia. En nuestro país, las mujeres en conflicto con la ley penal se enfrentan a un panorama complejo en donde los estereotipos, prejuicios y estigmas definen una criminalización de género, cuya consecuencia directa es la imposición de penas mayores a las de los hombres, y donde se ven involucradas valoraciones misóginas de modo que la conducta antijurídica de una mujer es sujeta a reproches especialmente severos.
ASILEGAL AC exhorta a las instancias encargadas de procurar e impartir justicia en México, a que desistan del uso arbitrario y extensivo de la “presión preventiva”, pues no solo implica una sistemática violación a los derechos humanos, sino que atenta contra el principio de presunción de inocencia, garantía procesal plasmada en acuerdos internacionales y en la Constitución mexicana.
Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales, ministeriales y penitenciarias a abstenerse de acciones basadas en estereotipos y prejuicios que criminalicen a las mujeres. En el mismo sentido, les urgimos a incorporar una perspectiva de género en todas sus resoluciones y a que se dé prioridad al respeto a los derechos de las mujeres.
Fuente:
MUJERES Y LA SEXTA 