La impunidad persistente y la falta de acceso a la justicia (caso Atenco)


1.3  LA IMPUNIDAD PERSISTENTE Y LA FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA

“Hoy me encuentro segura que mi transitar por la vida no puede

continuar libremente hasta que se haga justicia, hasta que el

Estado mexicano se vea obligado a reconocer su responsabilidad y

los perpetradores de tan aberrantes hechos se vean evidenciados.

La justicia será hasta que se garantice que lo que me ocurrió a

mí, no le ocurrirá jamás a ninguna mujer en México”18.

El caso de Atenco es paradigmático de la impunidad persistente y la falta de acceso a la justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual. Las investigaciones se iniciaron tanto en el fuero federal como en el común en el Estado de México; sin embargo, a seis años de ocurridos los hechos los resultados arrojados son nulos. Ningún policía federal, estatal o municipal ha sido castigado; ningún funcionario de la cadena de mando, que incluye a los Secretarios de Estado e, incluso, al propio exgobernador Enrique Peña Nieto, ha rendido cuentas.

Esta situación de persistencia de la impunidad en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres ha sido documentada en distintos estudios e informes de organismos internacionales. En este sentido, la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer ha referido que “si bien continúan los esfuerzos por reformar los sistemas de justicia penal, en particular mediante la promulgación de nuevas leyes y el logro de una mayor eficacia en la aplicación de las normas legislativas, los autores de actos de violencia contra la mujer siguen gozando de impunidad. Asegurar que los infractores sean llevados ante la justicia es más importante que incrementar las penas por los actos de violencia contra la mujer. En realidad, la exigencia de condenas y sanciones draconianas puede tener la consecuencia no deseada de hacer disminuir la cantidad de denuncias y declaraciones de culpabilidad. Al mismo tiempo, las mujeres pierden la fe en los sistemas de justicia en lo que las condenas son mínimas y no les dan protección alguna 19”.

La falta de acceso a la justicia para las mujeres es un común denominador en nuestro continente y, por supuesto, en el país. La CIDH ha señalado que “el acceso a la justicia constituye la primera línea en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la violencia sexual. En este sentido, enfatiza que los estándares mínimos para garantizar estos derechos se encuentran consagrados en numerosos instrumentos internacionales, como la Declaración Americana, la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que reafirman el derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz, que cuente con las debidas garantías que las protejan cuando denuncian hechos de violencia sexual.

En este mismo sentido, sientan la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia en la prevención, juzgamiento, sanción y reparación de actos de violencia sexual20”.

Por otra parte, según informes internacionales, la impunidad generalizada de la violencia sexual y la pronunciación de sentencias indulgentes, disuaden a las víctimas de denunciar a las autoridades los delitos de violencia sexual. Esto, debido a que sólo se captura y condena a los culpables en el 25% de las violaciones denunciadas a las autoridades, mientras que en el 19% de las sentencias condenatorias la pena oscila entre un mes y cinco años, de los cuales el agresor no suele cumplir más de la mitad 21.

En aquellos días inmediatos posteriores al 3 y 4 de mayo de 2006, las mujeres sobrevivientes decidieron denunciar a sus agresores en un clima adverso y lleno de descalificaciones.

En su momento, la estrategia legal fue acudir a la entonces recién creada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País 22 (FEVIM), por considerar que contaría con mejores condiciones frente a la violencia perpetrada en Atenco. La Fiscalía, que en 2008 se convirtió en la FEVIMTRA 23, inició de oficio una investigación contra quien o quienes resultaran responsables de los delitos conocidos por hechos públicos y notorios, así como la averiguación previa bajo el número AP/FEVIM/03/05-2006, con el fin de indagar los hechos relacionados con los presuntos abusos cometidos en contra de las mujeres.

De acuerdo con las solicitudes de acceso a la información, podemos concluir que los resultados de la Fiscalía, a seis años de su creación, son indignantes. A pesar de que su deber es funcionar como la instancia protectora de los derechos humanos de las mujeres frente a la justicia, los resultados en términos de investigación son ínfimos.

En el periodo del 16 de febrero de 2006 al 31 de enero de 2008, tiempo durante el cual operó la FEVIM, se iniciaron 126 averiguaciones previas por denuncia y 94 más de oficio; es decir, un total de 220 investigaciones. De éstas, 55 averiguaciones previas fueron declinadas por considerar que no era la autoridad competente, mientras que en trece ocasiones fueron autoridades federales ministeriales –y en una ocasión una autoridad del fuero común- las que remitieron sus investigaciones a la FEVIM. Es decir, continuó el trámite de 179 averiguaciones previas, de las cuales únicamente se consignaron cuatro y, en un sólo caso, la autoridad judicial libró orden de aprehensión, misma que ya fue ejecutada 24.

La falta de diligencia en las investigaciones puede entenderse cuando, al cierre de su gestión, la FEVIM contaba tan sólo con cinco agentes del ministerio público de la federación (de un total de 153 servidores públicos). Esto significa que la Fiscalía únicamente destinó al 3.26% de su personal a realizar la labor más importante, que es la de investigar la violencia contra las mujeres. Además, en el 2006 contó con un presupuesto de 115,744,387 pesos y en el año 2007 con 22,632,399 pesos 25.

Por su parte, la FEVIMTRA, creada el 31 de enero de 2008 y aún en operaciones, reporta altos niveles de ineficiencia e impunidad. A continuación se presenta un cuadro comparativo por año:

En cuanto al personal total que ha laborado en dicha institución en promedio por año, el número de agentes del ministerio público y el presupuesto anual asignado las cifras son las siguientes 26:

Dichas cifras demuestran la falta de efectividad de las investigaciones que la FEVIMTRA conduce. En el caso de las Mujeres de Atenco, las deficiencias se sumaron a una falta de voluntad política por castigar verdaderamente a los responsables. Varios factores influyeron al respecto, pero en el ámbito político resultó muy clara la falta de independencia y el interés de muchos actores por hacer que el caso no avanzara, apostando al desgaste de las víctimas, al olvido de la sociedad y a la conservación de los pactos de impunidad.

 El mensaje más claro fue el nombramiento de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República el 1 de diciembre de 2007. Esto, a pesar de que el 3 y 4 de mayo él fungía como

Secretario de Seguridad Pública Federal y, por lo tanto, estaba al mando de los cientos de policías que fueron enviados a reprimir brutalmente las manifestaciones de Atenco. Con el control de las investigaciones en sus manos, éstas no condujeron a ningún responsable, aún a pesar de que las Fiscales Especiales señalaron en varias ocasiones que sí se contaba con los elementos para consignar por el delito de tortura.

Finalmente, la exculpación de los agentes federales responsables quedó sellada cuando la FEVIMTRA declinó las investigaciones a favor del fuero común el 13 de julio de 2009. No obstante, en el acuerdo de declinación se reconocería que:

Es claro que los inculpados, con la justificación de cumplimentar

la orden de aseguramiento y/o detención de las hoy denunciantes

y de trasladarlas a Toluca, Estado de México, aprovecharon las

circunstancias de sometimiento en las que las colocaron para

que las víctimas se sintieran en desventaja y desprotegidas

para cometer los abusos y tortura, aplicando violencia e intimidación,

obtuvieron el resultado querido, de ahí se desprende

el querer y actuar de los ahora inculpados para aprovechar el

traslado vía terrestre de las víctimas a bordo de un vehículo

oficial (que se supone es elemento de protección para los que

ahí van detenidos) para recurrir a la tortura.

La violación y/o abuso sexual de que fueron objeto fue utilizada

como una forma de obtener información del enfrentamiento

[…]. La violación y abuso sexual contra mujeres fue

utilizado por herramienta de tortura e implica actos graves

de violencia de género […]

Es innegable que esos abusos y violación constituyen actos

de tortura con carácter sexual y dejaron profundas cicatrices

psicológicas que no se aminoran al paso del tiempo con la

misma rapidez que otras formas de violencia.

En este sentido, las investigaciones en el Estado de México han fracasado. A pesar de que continúan abiertas, el mensaje de impunidad sigue prevaleciendo y no existe el compromiso estatal de castigar a los responsables.

Desde un inicio, quedó clara la postura de las autoridades mexiquenses, quienes en todo momento desacreditaron el dicho de las mujeres y faltaron a su deber de debida diligencia que, en casos de violencia sexual, resulta fundamental. El entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña, manifestó que “Si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar (por los doctores), fue porque nadie les había hecho nada”27. En el mismo sentido, el 12 de mayo de 2006, ocho días después de que ocurrieran los hechos, el gobernador Enrique Peña Nieto señaló:

“El tema de las personas supuestamente violadas, no hay denuncia de por medio, nadie denunció, ninguna de las mujeres denunció ante la autoridad judicial que hubiese sido violada. No puede convertirse esto en una afirmación”28. No obstante, en su Recomendación 38/2006 la CNDH documentó que “mediante oficios […], de 9, 17 y 29 de mayo, y 21 de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento del Procurador General de Justicia del Estado de México, las presuntas conductas consistentes en abusos de naturaleza sexual, perpetradas por elementos policíacos […]”29. Así, el gobernador señaló públicamente que el Estado no tenía la obligación de investigar en ese momento, cuando en realidad las mujeres ya habían denunciado ante la CNDH y dicha autoridad tenía conocimiento de esta situación.

En el mes de junio de 2006, Peña Nieto, de nueva cuenta, puso en duda las denuncias de las mujeres al afirmar: “Hay que dar la dimensión al tema. […]. También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato […] No debemos caer en la fabricación de culpables ante estas denuncias”30. A su vez, el Secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, expresó: “El gobierno mexiquense no está en condiciones de iniciar una investigación por las presuntas violaciones sexuales cometidas contra mujeres por parte de policías”31. Esto sería sólo el inicio del clima hostil y adverso que ha puesto en duda las denuncias de las mujeres. Posteriormente, un policía sería consignado por el delito de actos libidinosos, cuando la acusación real era la de violación y tortura en contra de Ana María Velasco, quien fuera obligada a practicar una felación. Después de un largo y revictimizante proceso, que en un primer momento había condenado al policía municipal Doroteo Blas Marcelo, el resultado fue la absolución de éste y la falta de responsables. Así mismo, María Patricia Romero Hernández, quien denunciara tortura, se vio obligada a confrontar a sus agresores en un proceso por abuso de autoridad; sin embargo, ellos quedaron libres en primera instancia, después de más de cuatro años de un proceso penal irregular. El resto de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual sigue exigiendo justicia y resistiendo frente al poder estatal. Como medio de acompañar sus exigencias, en abril de 2008 se presentó con el acompañamiento del Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) una petición ante la CIDH.

Si bien la denuncia internacional es un medio más para la exigencia de justicia representa un punto de encuentro para las once mujeres denunciantes y sobrevivientes de tortura sexual, cuya finalidad es romper el silencio, evidenciar el poder estatal y luchar porque otras mujeres no vivan esta violencia institucional.

El pasado 2 de noviembre de 2011, en su 143º período ordinario de sesiones, la CIDH emitió el informe 158/11 en el caso Mariana Selvas Gómez y Otras vs. México (el Caso de las Mujeres de Atenco), y lo declaró admisible con competencia para estudiar a fondo las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación y derecho a la intimidad y vida privada, así como sobre el deber del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, entre otras.

Ahora el caso se encuentra en la etapa de fondo ante la CIDH por lo que el Estado mexicano formalmente enfrenta un litigio internacional, donde deberá rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos de once mujeres que desde el 3 y 4 de mayo de 2006, decidieron que no callarían.

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18 Testimonio rendido al Centro Prodh por Bárbara Italia Méndez Moreno en febrero de 2012.

19 Op. Cit., Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006, párr. 360

20 CIDH, Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 63, 9 de diciembre de 2011, párr 21.

21 Op. Cit., Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006, párr. 23

22 Con fecha 16 de febrero del año 2006, se publicó en el Diario Oficialde la Federación el acuerdo marcado con el número A/003/06 del Procurador General de la República, a través del cual se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País, por sus siglas FEVIM. De conformidad con el artículo tercero de dicho acuerdo, la titular de dicha Fiscalía tiene calidad de agente del Ministerio Público de la Federación y es competente para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer. Ésta, de conformidad con su artículo segundo, es entendida como “cualquier acto basado en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, de acuerdo con la fracción II del artículo cuarto la titular de la institución tiene facultades para ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Ver Anexo XIII.

23 El 31 de enero de 2008 se publicó el decreto en el D.O.F. mediante el acuerdo A/024/08, inició labores el 1 de febrero de 2008 y continúa en funciones.

24 Oficio No. SJAI/DGAJ/06517/2010, Procuraduría General de la República, Folio 0001700139310, 13 de octubre de 2010.

25 Oficio No. SJAI/DGAJ/04797/2010, Procuraduría General de la República,

26 De acuerdo a la solicitud en cuestión el presupuesto anual asignado

originalmente para el año 2012 es de 15, 792, 516 pesos.

27 Dávila, Israel. La actuación de los policías, por alto nivel de estrés: Robledo, en La Jornada, Toluca, Estado de México, 26 de junio del 2006, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/06/27/index.php?sectio n=politica&article=018n3pol

28 Tello, Anabel. Niega Peña violaciones, en Reforma, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 12 de mayo del 2006.

29 CNDH. Recomendación No. 38/2006 Sobre el Caso de los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, México, D.F., 16 de octubre de 2006

30 Armendáriz, Alberto. Desestima peña abusos en Atenco, en Reforma, Nueva York, Estados Unidos, 16 de junio 2006

31 Montaño, María Teresa. Wilfredo Robledo declara sobre los acontecimientos en Atenco, Toluca, Estado de México, 17 de mayo del 2006

Fuente:

Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia

Publicado por mujeresylasextaorg

Mujeres que Luchan, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Anti patriarcales y Anticapitalistas

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