Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de abril de 2024
Boletín No. 11
Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN
Riesgo a la salud y vida de José Díaz por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.
José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud y por consecuencia a su vida, debido a la situación de propagación de una enfermedad que se está incubando como consecuencia del hacinamiento y la precaria o nula prevención y atención médica del sistema carcelario. Se le suman también los impactos psicosociales; además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.
Este Centro de Derechos Humanos documentó e intervino a finales de marzo de este año en la situación de sobrepoblación carcelaria en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 17 (CERSS 17) de Catazajá[1], Chiapas. Ahí advertimos de la presencia de múltiples enfermedades reflejada en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos, protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios a Personas Privadas de la Libertad (PPL), incluyendo a José Díaz
En este sentido, el Frayba solicitó a autoridades que de manera pronta y urgente la intervención para brindar atención médica y hospitalaria en favor de José Díaz, siendo extensiva a la población interna del CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que se encuentran y en aras de prevenir una probable propagación de la enfermedad ya sea por contagio o por el propio hacinamiento.
El 22 de marzo de 2024 recibimos una contestación sobre la salud del BAEZLN por parte de autoridades penitenciarias del Estado mexicano, refiriendo haberle realizado en un absceso de su rodilla derecha una incisión, sin ahondar en su informe respecto al origen, y diagnóstico de la enfermedad.
Posteriormente realizamos una visita a José Díaz en la que documentamos su situación de salud y carcelaria, en donde le encontramos con miedo después de la incisión que le realizaron en la pierna derecha, ya que él no es el único que tiene las protuberancias en el cuerpo. Según su testimonio, es una situación generalizada entre las PPL a quienes les han aparecido abscesos similares en el rostro, la nariz, oídos, brazos y piernas y no han sido atendidas.
Sobre el hacinamiento es de resaltar que el BAEZLN comparte la celda con otras 18 personas en un espacio de aproximadamente 3 metros de largo por 3 metros de ancho; presenta dificultar para dormir -solo logra conciliar el sueño 2 o 3 horas al día-; resalta también que hay población durmiendo en los pasillos; lo que da cuenta de la existencia de condiciones inhumanas de reclusión.
Es importante señalar que José Díazes una persona de 45 años, su condición de salud ha disminuido recientemente, sigue sin conocer el diagnóstico médico, así como el origen de la enfermedad. Dado que está privado de la libertad, no puede recibir atención médica por profesionales diferentes a los que dispone la administración carcelaria.
Su estado de ánimo ha tenido altibajos debido a la prolongación de la resolución de su proceso, las barreras del lenguaje en el sistema judicial y penitenciario, así como por su actual estado de salud.
Por lo anterior, llamamos a la CIDH dé seguimiento a la Medida Cautelar tomando en cuenta la urgencia a la salud y vida de José Díaz, además de atender las duras condiciones carcelarias en las que se encuentra; a los Gobierno Federal y del Estado de Chiapas exigimos la liberación incondicional y la brevedad del Base de apoyo Zapatista.
[1] Existe en cada nivel del lugar la presencia de al menos 150 personas, con un total aproximado de 500 internos, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas
DENUNCIAMOS HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN POLÍTICA COMO CONSECUENCIA DE ACOMPAÑAR Y SOSTENER DURANTE 3 AÑOS Y 6 MESES LA TOMA DEL INPI CON LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ
A la Comisión Sexta del EZLN Al Congreso Nacional Indígena CNI-CIG A Ma. De Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG A los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas A las Organizaciones Sociales, Civiles y Políticas A los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen
Hacemos un llamado urgente a los colectivos, organizaciones, pueblos, comunidades, redes e individu@s, para sumarse y estar alertas a esta denuncia pública, pues justo en medio de esta farsa electoral, – “perdón, proceso electoral”-, a la clase política y a los dueños del poder y del dinero, nada importa, que no sean las encuestas, los votos, los debates y quién pega y paga más fuerte las descalificaciones al enemigo a vencer. Justo en medio de esta tormenta y vacío transicional [es decir, a “rio revuelto, ganancia de pescadores”] es muy probable que se abran demandas penales, hostigamiento, persecuciones, criminalización de la lucha social, represión al movimiento de resistencia, como recientemente vimos en la región Cholulteca y pues, la Comunidad Indígena Otomí, con la toma del INPI, no puede ser la excepción, así que frente a este clima de inseguridad y revanchismo de la clase política, denunciamos:
Primero. El día 2 de mayo, alrededor de las 13:00 hrs. se presentaron a mi domicilio tres personas: dos hombres y una mujer con evidente perfil de “policía de investigación”. De acuerdo con los videos de seguridad vecinal que tenemos, descendieron de un vehículo blanco sin placas tres personas, uno de ellos se queda en el vehículo, dos más caminan hacia la unidad habitacional, el hombre de traje obscuro portaba un gafete que traía oculto en el saco. La mujer recibe del hombre de traje unos documentos que parecieran “expedientes”.
Ambos se dirigen a la puerta principal de la unidad y acceden al interior con facilidad ya que la puerta se encontraba abierta debido a que en ese momento los vecinos estaban tirando la basura. Entran y caminan hasta el fondo, sin lograr ubicar el domicilio preciso, al no ubicarlo y después de unos minutos, deciden salir, a su paso se encuentra a una persona que se disponía a tirar la basura, algo le preguntan, y al no encontrar respuesta, revisan un tablero con información interna y privada de los condóminos. Es de destacar, que para este momento el hombre de traje oscuro ya no porta el gafete, es decir, ya se lo había retirado, (¿cuál es la razón?, para no ubicarlo como policía de investigación?, ¿para no identificar la dependencia de la que llegan?).
Al salir de la unidad, se dirigen a una reja contigua que está en aun lado de la puerta principal y desde ahí pregunta por mi persona, dieron nombre completo y apellidos, “argumentan que primero fueron a buscarme a las oficinas del INPI que se encuentran en la línea dorada, y que ahí les proporcionaron mi domicilio”. Argumentaron que “me buscaban con el interés de que yo les ayudara a comercializar sus artesanías”, pues dijeron que a eso me dedico, “Que me conocieron y platicaron conmigo el día 8 de marzo en la marcha de las mujeres”. Situación que es rotundamente falsa; además, señalaron que tienen conocimiento que yo trabajo con comunidades indígenas.
Las personas con las que platicaron, les preguntaron por mis características personales (para conocer su respuesta), y respondieron con referencias totalmente equivocadas. Les pidieron que se identificarán y solamente proporcionaron los datos de la mujer, que dijo llamarse: “María Angélica Landero, con el teléfono núm. 56 3576 5253”
También les informaron, que donde podrían encontrarme sería en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, señalaron que en ese momento irían al lugar. Cabe señalar que esto nunca sucedió, hasta el momento.
Segundo. Esta situación de hostigamiento se suma a que el paso 20 de abril, alrededor de las 11:00 hrs. de la mañana, se presentaron a las puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” la Sra. Vilchis Fuentes Hilda y el Sr. Israel Puga Díaz, quienes se presentaron como “Servidores de la Nación”, que según ellos “coadyuvan” con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y tan es así que se hicieron acompañar de una patrulla de la misma Secretaría de Seguridad Pública para indagar en el domicilio de la Casa de los Pueblos lo referente a la desaparición de varios niños y niñas. Pues refieren que, según sus investigaciones, “ahí es el lugar donde se les vio por última vez”.
L@s niñ@s desaparecidos son:
Esmeralda N., mujer de 12 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 2 de agosto de 2020.
Daniela N., mujer de 15 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 22 de agosto de 2021.
Marisol N., mujer de 14 años, edad actual 15 años. Desapareció el día 6 de noviembre de 2022
Juan Mateo N., niño de 13 años, edad actual 17 años. Desapareció el día 20 de julio de 2019.
Erica Natalia N., mujer de 0 años, edad actual 3 años. Desapareció el día 9 de abril de 2021.
Carlos N., hombre de 17 años, edad actual 17 años. Desapreció el día 7 de junio de 2023.
Entre otros casos que ellos mismos hicieron referencia pero que no tuvimos acceso a la información.
Sin embargo, en los documentos que traían consigo, todos refieren: “POSIBLE UBICACIÓN EN EL DOMICILIO. VIALIDAD: MEXICO-COYOACAN. ASENTAMIENTO: XOCO. C.P.03330” y dan como referencia: “EDIFICIO DE SEIS NIVELES CON ENTRADA PRINCIPAL EN CRISTALES Y CORTINA EXTERIOR. CERCA DE LA CINETECA NACIONAL. ALCALDÍA COYOACAN”.
Como podrán ver, las presuntas “desapariciones” a las que se refieren se registran antes y después de la toma del INPI. Son 6 casos que pudimos documentar con los expedientes que nos mostraron. En los más de tres años que llevamos de la toma, ninguna autoridad correspondiente acudió a la Casa de los Pueblos a informar al respecto. Acudieron apenas hace unos días, con el objetivo según ellos, para que la comunidad informe “si los vimos ahí o no”, ya que ellos “no podrían cerrar la carpeta de investigación hasta que no tengan mayor referencia”. ¿Qué buscan con querer involucrar a la Comunidad Otomí en estas desapariciones?, ¿Fincar alguna responsabilidad, directa o indirecta? Exigimos una explicación pública la Gobierno de la Ciudad de México y particularmente de la Fiscalía General de Justicia CDMX.
Tercero. En abril de 2021, denunciamos que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, “judicializaron” la Toma del INPI; es decir, judicializaron la lucha social. Es por ello que en aquellos mese denunciamos, que mientras públicamente se decían “dispuestos al diálogo”, en los medios de comunicación y en las redes sociales, “al mismo tiempo anunciaban denuncias penales” contra quienes resulten responsables por la Toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Particularmente la denuncia se orientaba contra quien ubican como su “líder”, Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ-Benito Juárez, que acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años.
Lo dijimos en abril de 2021 y los ratificamos nuevamente, cualquier acto de denuncia penal, hostigamiento, persecución, instigación o detención, forman parte de la criminalización de la lucha social y representan una justificación clara y abierta para romper cualquier posibilidad de diálogo con la comunidad. Alertamos ante estos hechos, pues en todas las Mesas de Diálogo ha existido el común denominador, respecto a la urgente necesidad del Gobierno, local y federal, por recuperar el edificio tomado.
NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN TIENE UN COMÚN DENOMINADOR Y ES DEFINITIVO, EN TANTO NO SE RESUELVAN LAS DEMANDAS QUE NOS LLEVARON A TOMAR EL INPI, DIFICILMENTE ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ESTABLECER UN ACUERDO RESPECTO A LA TOMA.
Por otro lado, después del intento de desalojo de la Comunidad Indígena Otomí en octubre de 2023, han transcurrido más de 7 meses y las mesas de diálogo se han congelado; es decir, los pocos acuerdos en los que pudimos avanzar como comunidad con el gobierno de la CDMX y el INVI, actualmente se encuentran prácticamente suspendidas; peor aún, recientemente nos cortaron la luz y a partir de la presión para la reconexión de la misma, se logró una fecha para retomar las mesas de diálogo con el Secretario de la SEDUVI, la Subsecretaría de Gobierno y la Representación del INVI; sin que, hasta la fecha podamos hablar de avances significativos.
Denunciamos incluso en las mesas de trabajo, que al interior del Gobierno de la 4ª Transformación hay “fuego amigo”, pues ellos mismos nos informaron que quien da la instrucción de cortar y reconectar la luz, si se le pega la gana, es el traidor de los pueblos, Adelfo Regino, titular del INPI. Además argumentan que las acciones que lleva a cabo la comunidad para exigir las mesas de diálogo y la reconexión de la luz en este periodo electoral, “solo le hacen el juego a la derecha en Benito Juárez” y que “estas acciones”, en “nada abonan al proyecto”. ¿De qué proyecto hablan? ¡Nosotr@s no tenemos militancia ni compromiso alguno con partidos políticos! sea el color que sea, todos se disputan no una “democracia”, no un proyecto político, sino lo que realmente está en disputa en este periodo electoral, es quién se chinga a quién, para poder administrar libremente este negocio que para ellos, se llama México.
Por todo lo anterior, estos hechos que denunciamos son parte de una guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, contra las organizaciones sociales que se oponen a una transformación simulada, es por ello, que la represión se inclinas más contra quienes asumimos responsablemente caminar y acompañar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas; es decir, contra tod@s aquell@s que se opongan al despojo y resisten por el derecho a la vida.
ATENTAMENTE
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue! ¡Tener Techo es un Derecho! ¡No a la criminalización de la Lucha Social! ¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos! ¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!
Diego García, Representante. Unión Popular Revolucionaria “Emiliano Zapata”, UPREZ Benito Juárez
MUJERES Y LA SEXTA 