Autoría: Laura Castellanos Título: México armado 1943-1981 (Primera edición. México, D.F.Ediciones: Era, 2007 Léase en: https://www.dropbox.com/scl/…

México armado 1943-1981

Viaje en Bola al Semillero de Pirámides, de Historias, de Amores y, claro, de Desamores.

Del jueves 25 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero del 2026

$1,800 viaje redondo

CDMX-San Cristóbal de las Casas- Caracol de Oventic- CDMX

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Red MyC Zapatista
Mujeres y la Sexta

En el marco del 42 aniversario del EZLN y rumbo a los 30 años del CNI 🐚🫀🔥

Cine-Debate: conversamos con Valentina Leduc Navarro y con Marichuy, vocera de CNI. 🎥📽️

«Hasta que el mundo sea un lugar digno, un lugar de vida»

Viva el común y el no pirámide
Vivan las Autonomías de los pueblos…✊🏾⛰️🐆

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Privan de su libertad a dos mujeres y dejan a una menor, en Mazatlán

Dos mujeres fueron privadas de su libertad en un supermercado en Mazatlán; una menor que las acompañaba fue dejada en el lugar y quedó bajo resguardo de autoridades. El paradero de las adultas sigue desconocido

Dos mujeres fueron privadas de su libertad la noche del miércoles 19 de noviembre, mientras se encontraban en un domicilio de la colonia Palos Prietos. en Mazatlán. Una menor que las acompañaba fue dejada en el sitio.

El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas en la zona de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla, en el fraccionamiento Palos Prietos.

Testimonios señalan que las dos mujeres, de entre 40 y 45 años, fueron obligadas a subir a un vehículo cuando recorrían los locales del establecimiento. La menor quedó en el lugar sin lesiones.

Guardias de seguridad auxiliaron inicialmente a la niña, tras el aviso de clientes que presenciaron la privación. Más tarde, agentes municipales y personal de la Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar asumieron el resguardo de la menor para entregarla a sus familiares.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de las mujeres, consideradas desaparecidas.

https://www.noroeste.com.mx/seguridad/privan-de-su-libertad-a-dos-mujeres-y-dejan-a-una-menor-en-mazatlan-FC17735022?utm_source=Sitio%20web&utm_medium=Nota

🚨 PERSONA NO LOCALIZADA – COMUNIDAD UNAM 🚨

La Facultad de Economía solicita el apoyo de nuestra comunidad para la pronta localización de Dafne Desiré Hernández Silva, integrante de la comunidad universitaria, reportada como no localizada.

📌 Datos generales:
• Edad: 22 años
• Estatura: 1.62 m
• Tez: Morena
• Cabello: Lacio, negro
• Complexión: Delgada
• Ojos: Pequeños, café claro
• Señas particulares:

• Perforación en la nariz y en la ceja
• Tres lunares en pómulo derecho

👗 Ropa que vestía:
• Blusa blanca
• Suéter negro
• Pantalón azul claro

📍 Lugar y fecha de desaparición:
Col. La Presa, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México
📅 21 de noviembre de 2025

📞 Si cuentas con información, comunícate a los números de la Fiscalía Especializada:
55 5345 5080 · 55 5345 5082 · 55 5345 5067

🙏 Tu apoyo es fundamental.
Cualquier dato puede ser clave para su ubicación.

En México vivimos actualmente una de las peores crisis de derechos humanos de su historia contemporánea con la existencia de medio millón de personas asesinadas en el marco de la mal llamada “guerra contra el narco”, 133 mil personas desaparecidas (y no localizadas), según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, y unos 72 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Este contexto de violencias extremas ha sido explicado como producto de un “Estado fallido” cuyas instituciones no pueden proteger a su ciudadanía y cuyo aparato de seguridad, no cumple con las funciones para las que fue creado. Estas perspectivas analíticas han ido acompañadas por una retórica punitivista que pide mayor castigo para los delincuentes, mayor militarización de la seguridad pública e inclusive populariza las perspectivas que piden pena de muerte para secuestradores. El discurso de la efectividad de gobiernos de “mano dura”, como el del presidente Nayib Bukele en El Salvador, se ha vuelto popular, cuando las violencias extremas marcan la vida cotidiana de la sociedad y esa mano dura significa anular los derechos humanos de la población, eliminando instituciones que aportaban en su defensa como la Comisión Internacional contra la Impunidad.

​En este contexto, posicionar un feminismo anticarcelario y anti-punitivista ha sido un gran reto, porque a pesar de que la realidad muestra que las cárceles no son la solución, sino que son parte del problema profundizando y radicalizando la violencia, los medios de comunicación de derecha e inclusive muchos de los medios independientes, siguen pidiendo más cárceles y leyes más duras para castigar a los perpetradores de las violencias. 

​Mostrar el vínculo que existe entre las violencias extremas y la destrucción de las economías de subsistencia y los tejidos comunitarios en el campo y la ciudad, con la creación de una fuerza de trabajo desvalorizada y descartable, es un reto que enfrentamos como feministas anti-carcelarias que hemos apostado por la escritura como herramienta de denuncia y sanación. Las prisiones son dispositivos claves para la creación de estas vidas precarizadas, que se ponen a disposición de la industria penitenciaria. La participación de las clases políticas y económicas en economías legales e ilegales, que posibilitan la llamada “violencia del narco”, se oculta mediante la construcción de “enemigos públicos” representados, como jóvenes criminales racializados a los que hay que encarcelar, para detener la violencia. 

​Esta retórica punitivista y carcelaria que recorre América Latina, no es solo característica de los gobiernos de derecha como Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina. El gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su sucesora, Claudia Sheimbaum, han justificado la militarización de la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa, en nombre de la seguridad y “guerra contra el narco”. Las cárceles siguen siendo habitadas por hombres y mujeres pobres y racializados, que no pueden pagar el “precio de la justicia”, mientras que el discurso populista sigue repitiendo el eslogan: “por el bien de México, primero los pobres”. La Ley de Amnistía anunciada en el 2020 ha tenido poca efectividad, dando excesivo poder al ejecutivo que ha usado su discrecionalidad para determinar cuáles casos “son relevantes para el Estado mexicano” según lo establece ambiguamente la ley. La reparación del daño o las medidas restaurativas han sido relegadas por una ley discutida e impuesta desde arriba, dejando fuera el sentir de las víctimas. 

​La violencia del narco, las desapariciones y los desplazamientos forzados, han continuado durante estas administraciones, y muchos funcionarios estatales son parte orgánica de los grupos criminales; a la vez que las fuerzas armadas estatales, aparentemente enfrentadas con grupos armados ilegales, cooperan con ellos 

​Como Colectiva Hermanas en la Sombra, hemos apostado, por un lado, por visibilizar la inefectividad de las cárceles como solución a las violencias, en especial cuando encarcelar a mujeres pobres ha implicado dejar a sus hijos menores de edad, solos y vulnerables para ser reclutados por el crimen organizado. Cuando estos adolescentes, muchos de ellos indígenas terminan en centros de detención juvenil más que ayudarlos a salir de las redes del crimen organizado, los desarraigan y destruyen los referentes culturales que les daban asideros éticos ante las violencias múltiples que los rodean.

También nos interesa mostrar distintas experiencias de justicias restaurativas, como las impulsadas por las mujeres indígenas zapatistas en sus territorios autónomos, o las promovidas por las mujeres buscadoras a través de los círculos de justicias restaurativas. La convicción de que el Estado ha tenido una participación directa o indirecta en la desaparición de sus hijos e hijas ha influido en que muchas de las madres buscadoras desconfíen de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de encontrar justicia dentro del aparato estatal, que es a la vez parte del dispositivo desaparecedor. Algunas de ellas han optado por participar en ejercicios de justicia restaurativa con personas en reclusión, que tienen como objetivo tocar los corazones de jóvenes que han sido arrastrados por la violencia, para evitar que sigan ejerciéndola. Al respecto, una de las madres que participa en estos ejercicios señalaba: “Estoy convencida de que esta forma de entender la justicia restaurativa siembra una semilla de paz. Algunos de ellos nunca van a salir, pero los que sí serán libres un día, saldrán siendo otras personas, espero poder contribuir a esa transformación. Yo lo que desearía muchísimo es que no volvieran a dañar a otras personas a lastimar a otra familia y a la sociedad. Este es mi propósito al aceptar participar, la verdad es que más que la información que nos puedan dar sobre personas desaparecidas, la posibilidad de transformar una vida es lo que me mueve… “

Visibilizar estas experiencias y hacer eco a estas concepciones no punitivistas de justicia, es una forma de contribuir desde nuestro proyecto colectivo, llevando a públicos diversos los productos culturales (libros, documentales, programas de radio), que reflexionan desde ese otro lugar, el de las poblaciones vulneradas, víctimas y discriminadas racialmente ˗˗tanto madres buscadoras como mujeres en prisión˗˗; cuyas voces ofrecen una mirada sensible, una forma distinta de resolver los conflictos, distanciándose de las lógicas de los poderes del Estado y del crimen organizado. Las obras que publicamos son un aporte para el reconocimiento de la humanidad de perpetradores, de la precariedad como caldo de cultivo de la violencia, de la cárcel como factor de disolución de la cohesión social. Y nos invita a imaginar procesos de justicia distintos a los establecidos donde pueda restaurarse el bienestar para cada uno de los grupos sociales, para cada persona. La escucha es el elemento fundamental de esta otra forma de construir realidad, la escucha de sí mismas de estas actoras sociales, pero también la escucha mutua y colectiva que abre el camino al reconocimiento, de nuestras existencias diversas, de los contextos complejos, de las vidas atravesadas por múltiples violencias, de la creatividad para resistir ante un aparato de justicia obsoleto.

Os desafios do antipunitivismo em contextos de violências extremas

Coletiva Editorial Hermanas en la Sombra

Integrante da Rede Feminista Anticarcerária da América Latina

No México, vivenciamos atualmente uma das piores crises de direitos humanos de sua história contemporânea, com a existência de meio milhão de pessoas assassinadas no contexto da chamada “guerra contra o narco”, de 133 mil pessoas desaparecidas (e não localizadas), segundo dados oficiais da Comissão Nacional de Busca, e de cerca de 72 mil corpos não identificados sob custódia do Estado. Esse contexto de violências extremas vem sendo explicado como produto de um Estado falido, cujas instituições não conseguem proteger sua cidadania e cujo aparato de segurança não cumpre as funções para as quais foi criado. Essas perspectivas analíticas têm sido acompanhadas por uma retórica punitivista que exige penas mais severas para os criminosos, maior militarização da segurança pública e até mesmo populariza discursos que defendem a pena de morte para sequestradores. O discurso da eficiência de governos de “mão dura”, como o do presidente Nayib Bukele em El Salvador, tem se tornado cada vez mais popular em contextos nos quais as violências extremas marcam a vida cotidiana da sociedade. Essa “mão dura” significa, no entanto, a anulação dos direitos humanos da população e a eliminação de instituições que contribuíam para sua defesa, como a Comissão Internacional contra a Impunidade.

Nesse contexto, sustentar um feminismo anticarcerário e antipunitivista tem sido um grande desafio, pois, embora a realidade mostre que os presídios não são uma solução, mas parte do problema, aprofundando e radicalizando a violência, a mídia de direita, e até mesmo boa parte da mídia independente, continua exigindo mais presídios e leis mais rígidas para punir perpetradores de violências.

Evidenciar o vínculo entre as violências extremas, a destruição das economias de subsistência e dos tecidos comunitários, tanto no campo quanto na cidade, com a criação de uma força de trabalho desvalorizada e descartável, é um desafio que enfrentamos como feministas anticarcerárias, que temos apostado na escrita como ferramenta de denúncia e de cura.

Os presídios são dispositivos centrais na produção dessas vidas precarizadas que permanecem à disposição da indústria penitenciária. A participação das classes políticas e econômicas nas economias legais e ilegais, que fazem possível a chamada “violência do narco”, é ocultada por meio da construção de inimigos públicos, representados como jovens criminosos racializados que precisam ser encarcerados para que a violência seja contida.

Essa retórica punitivista e prisional que percorre a América Latina não é apenas uma característica dos governos de direita, como o de Nayib Bukele, em El Salvador, ou o de Javier Milei, na Argentina. O governo “progressista” de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) e o de sua sucessora, Claudia Sheinbaum, têm justificado a militarização da segurança pública com a criação da Guarda Nacional, subordinada à Secretaria de Defesa, em nome da segurança e da guerra “contra o narco”. Os presídios continuam sendo habitados por homens e mulheres pobres e racializados, que não conseguem pagar “o preço da justiça”, enquanto o discurso populista continua repetindo o lema: “Pelo bem do México, primeiro os pobres”.  A Lei de Anistia anunciada em 2020 teve, até agora, pouca efetividade, concedendo excessivo poder ao Executivo, que utilizou sua discricionariedade para determinar quais casos são “relevantes para o Estado mexicano”, segundo o estabelecido, de forma ambígua, pela lei. A reparação do dano e as medidas restaurativas têm sido relegadas por uma legislação discutida e imposta de cima, que desconsidera o sentir das vítimas.

A violência do narcotráfico, as desaparições e os deslocamentos forçados continuaram durante essas administrações, enquanto muitos servidores do Estado integram organicamente os grupos criminosos. Ao mesmo tempo, as forças armadas estatais, que supostamente enfrentam os grupos armados ilegais, frequentemente cooperam com eles.

Como Coletivo Hermanas en la Sombra, temos apostado, por um lado, em visibilizar a ineficácia dos presídios como solução para as violências, especialmente quando o aprisionamento de mulheres pobres implica em que seus filhos menores de idade fiquem sozinhos e vulneráveis, expostos ao recrutamento pelo crime organizado. Quando esses adolescentes, muitos deles indígenas, acabam em centros de detenção juvenil, isso, ao invés de ajudá-los a sair das redes do crime organizado, acaba por desenraizá-los e por destruir os laços com seus referentes culturais, que lhes permitiriam acessar valores éticos diante das múltiplas violências que os cercam.

Também é de nosso interesse mostrar diferentes experiências de justiça restaurativa, como as impulsionadas pelas mulheres indígenas zapatistas em seus territórios autônomos, ou aquelas promovidas por mulheres buscadoras por meio dos círculos de justiças restaurativas. A convicção de que o Estado teve participação direta ou indireta na desaparição de seus filhos e filhas tem levado muitas mães buscadoras a desconfiar das forças de segurança e das possibilidades de encontrar justiça dentro do aparelho estatal, que é, na verdade, parte do dispositivo desaparecedor. Algumas delas optaram por participar de exercícios de justiça restaurativa com pessoas em privação de liberdade, os quais têm por objetivo tocar o coração de jovens tragados pela violência, para evitar que continuem a reproduzi-la. A esse respeito, uma das mães que participa desses exercícios  afirma: “Estou convencida de que esta forma de entender a justiça restaurativa planta uma semente de paz. Alguns deles nunca vão sair, mas aqueles que um dia voltarão à liberdade sairão sendo outras pessoas. Espero poder contribuir para essa transformação. O que eu mais desejaria é que eles não voltassem a fazer mal a outras pessoas, a ferir outra família e a sociedade. Esse é o meu propósito ao aceitar participar. A verdade é que, mais do que a informação que possam nos oferecer sobre as pessoas desaparecidas, o que nos move é a possibilidade de transformar uma vida.”

Visibilizar tais experiências e fazer eco a essas concepções não punitivistas de justiça é uma forma que encontramos em nosso projeto para contribuir a refletirmos a partir de outra lugar, levando a públicos diversos produtos culturais (livros, documentários, programas de rádio) que evidenciam os pontos de vista das populações vulnerabilizadas, vítimas e racialmente discriminadas. Tanto as mães buscadoras quanto as mulheres em situação de prisão oferecem, com suas vozes, um olhar sensível e uma forma distinta de resolver os conflitos, que se distancia das lógicas de poder do Estado e do crime organizado. As obras que publicamos são uma contribuição para o reconhecimento da humanidade dos perpetradores, da precariedade como solo fértil da violência e do presídio como fator de dissolução da coesão social. Elas nos convidam a imaginar processos de justiça diferentes dos estabelecidos, processos nos quais o bem-estar possa ser restaurado para cada grupo social, para cada pessoa. A escuta é o elemento fundamental dessa outra forma de construir realidades: a escuta de si mesmas por parte dessas atoras sociais, mas também a escuta mútua e coletiva, que abre caminho para o reconhecimento de nossas existências diversas, dos contextos complexos, das vidas atravessadas por múltiplas violências e da criatividade para resistir diante de um aparelho de justiça obsoleto

https://desinformemonos.org/los-retos-del-antipunitivismo-en-contextos-de-violencias-extremas/

Por acá el programa del Encuentro #DialogandoElComún

ENCUENTRO DE RESISTENCIAS Y REBELDÍAS EN GUADALAJARA
“DIALOGANDO EL COMÚN”

Personas y colectivos que suscriben la Declaración por la vida y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, convocan a quienes resisten y se rebelan contra el mal sistema en cualquiera de sus caras (sea contra el capitalismo, el patriarcado, el despojo, el colonialismo, la desaparición forzada, la devastación ambiental u otro), a un encuentro para compartir experiencias de lucha y sobrevivencia.

El llamado es a conocernos, aprender unos de otros y tejer lazos que nos hagan fuertes en lo común.

https://www.instagram.com/p/DRQBCpQEqz0/?igsh=MW11NXh6bDZiem1sdg==

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 37

Cuernavaca, Mor., El ayuntamiento de Tepoztlán, que preside Perseo Quiroz Rendón, pretende desalojar de manera definitiva a 56 comerciantes que venden sus productos desde hace 50 años en la plaza cívica de la cabecera municipal de ese pueblo mágico, con el argumento de que “afean el lugar”.

Los afectados consideran “ilegal” esta medida, pues “no hay ninguna orden judicial”, además de que atenta contra su economía pues de esa actividad obtienen ingresos para la manutención de sus familias.

El sábado en la madrugada el alcalde independiente ordenó un operativo para desalojar a los expendedores de diversos productos que se encontraban en la calle No Reelección, frente a la alcaldía, debido a que la plaza fue utilizada para celebrar actos deportivos con motivo del aniversario 115 de la Revolución Mexicana.

El gobierno local utilizó grupo de choque integrado por civiles “alcoholizados” que eran resguardados por alrededor de 25 policías municipales y servidores públicos locales, denunciaron los vendedores y sus abogados.

La operación se realizó a las 2 de la madrugada y dejó saldo de una comerciante golpeada, identificada como Columba Rodríguez Barragán, la sustracción de dos menores de un puesto (hijos de una vendedora), ocho comerciantes desalojados y sus locales destruidos, además, de que en una camioneta se llevaron todos los muebles y herramientas de estos comercios.

Los 48 locales restantes ya no los retiraron, pues integrantes del gremio se percataron de lo sucedido y se trasladaron al lugar para defender a sus compañeros. Los expendedores y Horacio Solís, uno de sus abogados, denunciaron que no había de por medio una orden de desalojo emitida por un juez.

Solicitaron el documento al secretario de seguridad del municipio, Israel Rodríguez, y al secretario del ayuntamiento, Joaquín Medina Rodríguez, y otros funcionarios municipales presentes, pero éstos reconocieron que no había tal y era una “orden del alcalde”, por lo que no les quedó otra más que retirarse casi a las 3:30 de la madrugada.

La abogada Bárbara Zamora expuso que desde hace varias generaciones los comerciantes de este municipio indígena que se rige por usos y costumbres han vendido alimentos típicos como quesadillas, tlaxcales y tacos, así como productos de primera necesidad como verduras y frutas, actividad con la cual mantienen a sus familias, siendo este trabajo la única forma de ganarse el pan de cada día”.

No obstante, el 3 de octubre se publicó en el Periódico Oficial de Morelos un acuerdo que emitió el cabildo municipal de Tepoztlán por el cual se “declara la plaza cívica del centro de Tepoztlán, Morelos, libre de comercio semifijo y ambulante”.

Con ello se prohíbe a los expendedores realizar su trabajo en el sitio, como los venían realizando desde hace 50 años, con la amenaza de que si no desalojan dicha plaza les impondrán una multa o arresto de 12 a 36 horas y mediante el uso de la fuerza pública desalojarán los puestos.

Es violación al “derecho al trabajo”: Bárbara Zamora

Al interrogarla sobre el hecho de que ocho comerciantes ya fueron desalojados, Zamora sentenció que “representa la violación a derechos antes adquiridos a que se impusiera esta prohibición, por lo que nadie puede ser privado de sus garantías constitucionales por un capricho del presidente municipal (Perseo Quiroz)”.

Se trata, afirmó, de una “violación al derecho al trabajo, plasmada en el artículo 5 de la Constitución de México, la cual estipula que a ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Además, agregó, es un “acto de discriminación. El artículo 1º de la Constitución prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condiciones de salud, religión, opiniones, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Expuso que la eliminación del mercado representa una privación arbitraria de la fuente de ingresos y, por ende, del derecho al trabajo de los vendedores, quienes han ejercido su actividad de manera continua durante 50 años, con autorización de hacerlo por un reglamento municipal que así lo establece.

Señaló que el argumento del alcalde Perseo Quiroz de que el objetivo de desalojarlos es embellecer la plaza porque los comerciantes la “afean”, es subjetivo y discriminatorio, basado en prejuicios estéticos o socioeconómicos, que atentan contra la dignidad de los comerciantes y criminalizan su actividad y presencia en el espacio público.

Puntualizó que el ayuntamiento también violó el derecho de audiencia y legalidad. “Los artículos 14 y 16 constitucionales garantizan que nadie puede ser privado de sus posesiones o derechos sin un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.

La abogada del despacho Tierra y Libertad criticó que tampoco se tomó en cuenta que se trata de una grupo vulnerable.

En un recorrido de La Jornada por el pueblo mágico para recabar testimonios de los vendedores, éstos recordaron que el 7 de noviembre enviaron un escrito a Quiroz Rendón para que les informara sobre la reubicación de los 56 locatarios y de sus espacios que tendrán en el mercado nuevo construido en la pasada administración municipal y estatal, pero a la fecha no les ha dado respuesta.

Reprocharon que desde el día del desalojo, con el pretexto del fin de semana largo, ninguna autoridad municipal les ha “dado la cara” para responder por esta “ilegalidad”.

En la administración municipal de David Demesa Barragán (2022-2024) y en la estatal a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), se construyó un mercado con cerca de 200 locales, el cual fue inaugurado a finales de la anterior gestión municipal.

Sin embargo, de entonces a la fecha la autoridad no informado cuántos locales tiene la edificación de tres pisos y menos ha asignado locales. El inmueble se localiza detrás del ex convento de Tepoztlán.

El abogado Horacio Solís comentó que debido a esta desinformación, falta de transparencia y amenazas de la anterior y actual administraciones, en la recta final del pasado gobierno municipal la mitad de comerciantes que estaban en la plaza cívica se fue al nuevo mercado y la otra mitad se quedó en la explanada. No obstante, de manera extraoficial, las autoridades municipales han informado a los comerciantes que “sólo quedan 20 locales libres”.

Los vendedores encabezados por Columba Rodríguez y Horacio Solís aseguraron que “seudolíderes” que aceptaron irse bajo las condiciones de la pasada administración municipal, acapararon los locales. “Les dieron hasta cuatro locales”, afirmaron.

Ex funcionarios “acaparan locales”

Denunciaron que funcionarios del anterior trienio “se agarraron locales”, como el ex edil David Demesa Barragán, que ahora, con su esposa, vende nieves en el nuevo mercado de Tepoztlán.

Por ello, los comerciantes pidieron que se transparente el proceso de asignación de locales. Aseguraron que la regidora Aleida Sandoval Bello, tiene junto con su familia varios locales, cuando sólo le tocaba uno. Y Raymundo Campos Marquina, coordinador general de permisos y licencias y de mercados del actual ayuntamiento 2025-2027, “cuanta hasta con cinco locales”,dijeron los comerciantes de la plaza cívica.

https://www.jornada.com.mx/2025/11/18/estados/037n1est

PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL GOBIERNO DE MICHOACÁN A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS AL…

Plan Michoacán, discriminatorio, unilateral y engañoso: Comunidades indígenas #CSIM