Abajo y a la izquierda, con todo el corazón
Conversatorio: Democracia militarizada en un contexto de crímen organizado con Raúl Zibechi
Miércoles 2 de octubre 2024
18:30hrs
La Enredadera:
Calle 1ro de marzo 32B. Barrio de La Merced
Jobel, Chiapas
Transmisión en vivo:
https://redajmaq.org/envivo
En el Día de la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan lanzamos un mensaje: las mujeres que luchamos por Verdad y Justicia hemos estado aquí siempre, no es desde el poder desde donde se nos legitima, sino en nuestras acciones diarias para la construcción de un mejor país para todas, desde abajo. Por eso con este mensaje, y desde todas las voces, recordamos que la Glorieta de las Mujeres es un espacio donde nos nombramos, nos reconocemos, nos acompañamos y resistimos.
¡#Cuenta_Regresiva!! “Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.” #EZLN #4Días para que el mal …
4 Días para que el mal Gobierno de la CDMX se vaya, sin cumplir nuestras demandas. Comunidad Otomí Residente en la CDMX
26 Sep 2024
Fuente: Este País
Por John Gibler
En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.
En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.
“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”
Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.
“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.
En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.
Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.
Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.
Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.
Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.
Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.
Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.
Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.
A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.
Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.
“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”
Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.
Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.
Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.
Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.
Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.
En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.
Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado.
Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.
Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.
El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.
“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”
En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP
https://radiozapatista.org/?p=48975
En el marco de la Campaña Internacional “Libertad para Öcalan. Solución política para la cuestión kurda”.
La Resistencia.
Cuba 34, Colonia Centro
Ciudad de México
Más información de la Campaña:
https://anfkurdi.com/ewropa/s-188503 ANF |
Li Emerîkaya Latîn ji bo azadiya ‘Abdullah Ocalan’ çalakî tên lidarxistin
“El feminismo no se estudia, se hace.”
Descolonizar la memoria descolonizar los feminismos
AGA
Buen día! Les invitamos al conversatorio (en línea) “Conversatorio
Violencia y derechos humanos: un balance sexenal desde Chiapas”
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno saliente en la actual crisis de Derechos Humanos?
¿De dónde viene la violencia que arrastra a varias regiones de Chiapas?
¿Como los pueblos están construyendo caminos de resistencia ante las injusticias?
Son algunas de las preguntas que abordarán: el escritor Raúl Zibechi, la periodista Ángeles Mariscal y la defensora de derechos humanos Alejandra Elizalde.
Modera: Rosa Estela Rodríguez Barrientos del Frayba
Estaremos transmitiendo en vivo el miércoles 2 de octubre a las 9:00 horas, desde las redes sociales del Frayba.
El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz Sipaz – Servicio Internacional para la Paz expresamos nuestra profunda preocupación ante el reciente incremento de agresiones denunciadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba Derechos Humanos), el cual restringe su espacio de actuación para defender los derechos humanos y pone en riesgo a sus integrantes.
El pasado 19 de septiembre, el CDH Frayba, destacó en su boletín de prensa, que declaraciones públicas difamatorias y estigmatizantes emitidas por el ejecutivo a principios de 2024 fueron seguidas de agresiones digitales a sus cuentas institucionales, que resultaron en amenazas de muerte y el allanamiento ilegal del domicilio de uno de sus integrantes.
En la Carta de preocupación publicada el 24 del año en curso, SweFOR, SiPaz, y otras siete organizaciones internacionales de derechos humanos, expresaron su preocupación por las declaraciones difamatorias y la deslegitimación contra personas defensoras de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Instamos al Estado a demostrar un compromiso firme y decidido mediante la implementación de acciones y mecanismos para asegurar el reconocimiento de la importancia del trabajo de defensa de derechos humanos, y la protección de quienes la ejercen, investigando y sancionando de manera efectiva los crímenes cometidos en su contra.
Lea la carta de preocupación completa aquí:
https://www.facebook.com/share/p/meubU8wEEz8MrXwB/?mibextid=qi2Omg
Cada seis años el capitalismo-patriarcal-colonial se reúne para coronar a su nuevx representante. Creemos firmemente que un cambio presidencial significa perpetuar este sistema de opresión que es desigual, injusto y ultra violento.
Para quienes han encontrado en la bici una herramienta esencial para alcanzar la libertad y la alegre rebeldía, les invitamos este primero de octubre a tomar las calles y encontrarnos en las actividades de la Contra-toma de poder.
“El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar.” — Ricardo Flores Magón
Programa de la Contra-toma: https://catl.noblogs.org/post/2024/09/24/contra-toma-programa/
Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa nunca imaginaron que pasarían 10 años sin saber de sus hijos. Este sexenio de AMLO tuvo su propia característica para obstaculizar la investigación: proteger al ejército
De pie, frente al Senado, están las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Un día lluvioso. El mismo que inicia la discusión legislativa sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos días antes de los 10 años del crimen de Estado.
Están firmes con las fotografías de sus hijos en las manos. Se ven tan grandes como el edificio de la cámara de senadores por el tamaño de su dignidad. Les acuerpan normalistas y organizaciones. Reflejan tristeza y rabia. Decepción. Es una deuda histórica que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió “llegar a la verdad y la justicia”. Quien se va sin cumplir sus palabras.
“Que nos entreguen los 800 folios porque ellos saben. Lo tienen pero se niegan a entregarlos. Nosotros como madres, no vamos a dejar que sigan engañándonos. Ya queremos saber la verdad. ¿A dónde se llevaron a nuestros hijos? Ya se va el presidente, nunca nos dijo la verdad. Siempre nos dijo puras mentiras”, exclama Metodia Carrillo Lino, mamá de Luis Ángel Abarca Carrillo, normalista de los 43 desaparecidos.
Este gobierno tuvo la posibilidad de investigar la verdad, se acercó, pero prefirió no revelar lo que hay detrás del crimen de Estado, en el que participó el ejército. En 2022, el proceso de investigación del caso Ayotzinapa se detuvo. Lo resaltan los abogados Vidulfo Rosales y Isidoro Vicario de Tlachinollan. Lo documenta el periodista John Gibler y lo detalla en el artículoAMLO, Ayotzinapa y la dimensión desconocida.
En el mitin frente al Senado, el abogado Vidulfo lo advierte:
“El dolor es grande. Por eso estamos aquí frente a esta institución para hacer una clara protesta por la fuerza que se le está dando al poder militar. Por cómo van a pasar la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena. Un ejército que ha sido opaco, que no rinde cuentas ante nadie. Por encima de las leyes y de la constitución. ¿A quién le va a rendir cuentas?”.
“El movimiento de las madres y padres de familia de los 43 quiere alzar su voz aquí en el Senado para decir que es peligroso para el país empoderar a una institución que transita en la opacidad, que viola derechos humanos como en el caso de los 43 y que no rinde cuentas ante nadie. Cómo es posible que en el caso de nosotros cuando se le pidió información al ejército de nuestros 17 estudiantes sacados de barandillas, nunca rindió información. ¡Más de 60 oficios!”.
En entrevista, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, asegura que “el presidente de Andrés Manuel López Obrador sigue con las investigaciones. Siguen buscando en campo. Sigue llegando información. Cuando empezó su mandato, pues nos abrió las puertas… Hizo el esfuerzo por esclarecer el caso Ayotzinapa”. Aunque esto no ha sido suficiente.
AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Para el día 3, decretó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. “Les aseguro que no habrá impunidad”, dijo el presidente. Este acto lo distinguió de la mentira del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque de acuerdo con los abogados, hay obstaculización de la verdad en ambos sexenios.
“Por eso ahorita pues no llegamos a la verdad. No sabemos nada de nuestros hijos. Eso es lo que realizó y ahora, pues nos ha costado. Imagina, llegar a 10 años sin tener las respuestas de nuestros hijos… En esas búsquedas el gobierno ha encontrado muchos restos, pero de otras familias. Porque no hay que olvidarlo, que no somos los únicos que buscamos a nuestros seres queridos”, describe Cristi, como le dicen de cariño.
Unos días antes, Cristina Bautista le dijo a la reportera Ivonne Rodríguez: “No negamos que a pesar de todo tuvimos avances, al menos reconocer que fue una desaparición por parte del estado y desmentir esa Verdad Histórica, pero no fue suficiente. Queda una deuda histórica con nosotros a estos 10 años de su desaparición”.
De acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales, quien acompaña a madres y padres de Ayotzinapa desde el primer momento, hay dos tipos de obstáculos a la investigación del caso, cada uno con su propia característica por sexenio.
Con Peña Nieto fue obstaculizar con una mentira nombrada “verdad histórica” para concluir la investigación. Entonces la lucha fue por demostrar que no era verdad y darle la vuelta a esa conclusión que no permitió explorar líneas de investigación diferentes a las del basurero de Cocula.
Con AMLO el obstáculo fue el compromiso político del presidente con el ejército mexicano, que ha impedido profundizar la investigación contra los militares involucrados. Evitar la profundización en líneas de investigación y con ello, que no entreguen los papeles, fojas, documentos solicitados. Esta cuestión también la denunció el Grupo de Expertos Independientes (GIEI). No hay acciones penales contra el Ejército por desacato de la instrucción de dar la información.
Las pruebas de la coordinación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son múltiples.
Muestra de ello son todos los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde detalla su presencia en los lugares de Iguala donde sucedieron los hechos y en las visitas que hicieron esa noche en el Hospital Cristina para amedrentar a los estudiantes que pidieron auxilio en el nosocomio.
Desde 2017, las recreaciones de los hechos realizadas por el grupo independiente Forensic Arquitecture revelaron la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, como policías municipales, estatales, federales y el ejército, al mismo tiempo del grupo ilegal que atacó a los estudiantes, al igual que las patrullas municipales que captaron sacando a los normalistas en las bateas.
En el sexenio de AMLO las pruebas también señalaron al ejército e incluso elementos de la marina. El 18 de agosto del 2022 entregaron el informe de la Covaj, el gobierno le habló a las mamás y papás de Ayotzinapa de 83 acciones penales que estaban ejerciendo, entre ellas, 20 órdenes contra militares. “Yo creo que esa es la curva más alta que se llevó en el caso”, dice Vidulfo.
El presidente dijo que tendrían más noticias pronto, las cuales no llegaron. Unos cuantos días después fue la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Un mes después, el 25 de Septiembre del 2022, la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas 16 militares acusados de desaparición forzada, uno de ellos el comandante del Batallón de Iguala en 2014, Rafael Hernández Nieto.
«Pero como madres, nunca nos cansaremos de buscar a nuestros hijos (…) Queremos la verdad y castigo a los culpables”, asegura Metodia Carrillo con el micrófono en mano. No olvidamos que los normalistas y maestros más pobres han sido reprimidos en la historia de México y a las normales rurales las han estigmatizado por su formación socialista.
Esa es la deuda histórica que deja AMLO en México. No dejar que la verdad florezca y hacer justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares, sus compañeros. Omitir la garantía de no repetición de los crímenes de Estado. Es tal la deuda, que no les importó a los policías en Oaxaca reprimir recientemente a los normalistas de la Escuela Normal de Educación Especial.
El tamaño de la dignidad del movimiento de padres y madres que buscan a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es de la magnitud de un país que resiste las constantes injusticias.
MUJERES Y LA SEXTA