Pronunciamiento por Francisco Sántiz y Alberto Patishtán de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad

29 de marzo de 2012

El Estado mexicano ha querido negar la existencia de la prisión política en el país, más aún,  con un silencio cómplice, calla sobre la presencia de ésta en Chiapas. La intensa campaña publicitaria para presentar al estado del Sureste como un paraíso de paz, tranquilidad y orden, respetuosa de los Derechos Humanos y de la diversidad, parece promover la venta de los recursos chiapanecos a mineras, madereras, empresas de turismo, cadenas hoteleras, y de más. Sin embargo, hay un problema en sus planes, uno de los tantos que provocó el levantamiento armado de 1994: han marginado la opinión de los habitantes, generalmente de la población indígena. Así, la población se  convierten en un estorbo y hay que desplazarlos, quizás hacia “ciudades rurales”, despojarlos con engaños de sus tierras, encarcelarlos, incluso, asesinarlos.

El gobierno de Juan Sabines se ha caracterizado por la hipocresía de sus discursos y la congruencia de sus actos con los intereses de quienes realmente representa: empresarios y terratenientes. Mientras se habla de respeto a los Derechos Humanos, se organizan grupos de choque y se fomenta la aparición de paramilitares que actúan con plena impunidad. Se encarcelan con cualquier pretexto a quienes con dignidad, han decidido dejar el sometimiento, ya sea violento, o a través del paternalismo, para alcanzar la madurez como  pueblo, y ejercer su libertad y su derecho a la autodeterminación. Ejemplo de esto son las comunidades zapatistas.

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