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El 4 de diciembre pasado tuvo lugar una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el análisis de fondo del caso Ernestina Ascencio vs. México, que fue llevado a esa instancia por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), la organización Kalli Luz Marina y las organizaciones de derechos humanos Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. Para sorpresa de muchos de los asistentes que nos conectamos en línea, los representantes del Estado mexicano, repitieron ante la CIDH la vergonzosa verdad histórica usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz. Después de 13 años de silencio e impunidad ante uno de los casos más terribles de complicidad estatal con la violencia feminicida, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representado por el fiscal general de Veracruz, Hernán Cortés (quien hizo honor a su nombre), por el secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Daniel Adalberto Pereyra, y por el director general de derechos humanos de la cancillería, Christopher Ballinas Valdés, validaron las mentiras con las que el gobierno de Felipe Calderón protegió al Ejército. A diferencia de la postura asumida por este gobierno ante la verdad histórica del caso Ayotzinapa, en el caso de Ernestina Ascencio se optó por sellar el pacto de complicidad con la institución castrense validando las versiones que descalifican el testimonio de la víctima y de sus familiares.

En una audiencia considerada como un momento histórico para la CIDH –por ser la primera que se traduce simultáneamente a un idioma indígena– la interprete náhuatl Gabriel Citlahua, tradujo la fuerza de la denuncia de las peticionarias, Marilyn Ramón Medellín, mujer mazahua, de la Conami y Lizett Hernández Cruz, de Kalli Luz Marina, para los familiares de la víctima conectados a la distancia. Uniendo sus voces a las de las abogadas Carmen Herrera y Alejandra Arlet García reconstruyeron los hechos y denunciaron también la falta de acceso a la información y la complicidad del IVAI. Contextualizando la agresión a Ernestina Ascencio en el marco del impacto que la militarización ha tenido en las comunidades indígenas de la zona de Zongolica, se narró ante las comisionadas cómo el 25 de febrero de 2007 la víctima fue encontrada malherida por familiares y vecinos de la comunidad indígena de Tetlacinga, en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, en la 26 Zona Militar en Veracruz. Denunciando el racismo institucional del sistema de salud mexicano, narraron que antes de morir en un hospital privado, y después de que se le negara la atención en una clínica pública, la señora Ernestina responsabilizó a efectivos del Ejército de la agresión sufrida. Las irregularidades del proceso fueron descritas paso a paso: como la primera valoración hecha por una médico forense en Orizaba, que certificaba la violación sexual y la muerte a consecuencia de la violencia perpetrada contra la víctima, fue desestimada por la Fiscalía. Después la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizabal, indicó traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda y ratificó la violación sexual, también fue pasada por alto. Ambos médicos fueron despedidos y recibieron amenazas de muerte. Paradójicamente, el fiscal Hernán Cortés, se refirió a estos despidos como una respuesta institucional ante las irregularidades del caso.

Poco después un médico militar realizó una segunda autopsia que desestimó los informes anteriores y certificó muerte por gastritis. El 13 de marzo de 2017, el entonces Presidente Felipe Calderón, declaró que se trataba de una muerte por gastritis aguda. Esta intervención presidencial, en medio de la investigación, marcó la ruta judicial llena de irregularidades y violaciones al debido proceso, que llevó al cierre apresurado del caso el 17 de mayo de 2007.

Ante los testimonios de las peticionarias, las comisionadas Julissa Mantilla, Mary Maculey, Antonia Urrejola y Esmeralda Arosamena no podían ocultar su sorpresa frente a esta historia kafkiana que los representantes del Estado mexicano, insistían en validar. ¿Por qué desestimaron las autopsias que certificaban la violación y dieron prioridad a una autopsia que implicó exhumar un cuerpo que ya había sido limpiado y enterrado? ¿Por qué el presidente en turno se pronunció sobre un caso que tenía una investigación penal abierta? ¿Con qué argumentos el IVAI pudo negar el acceso a la información para un caso de violaciones a los derechos humanos? Cada pregunta iba poniendo en evidencia el vergonzoso papel que los representantes estatales decidieron jugar.

El papel del Estado mexicano ante la CIDH, parece ratificar una vez más la existencia de una alianza del gobierno con la institución militar. La misma que llevó a la cancillería a negociar la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitando que la justicia estadunidense lo juzgara por su participación en la redes del narco. Se ha optado por repetir una verdad histórica que lastima la memoria de Ernestina Ascencio y crea las condiciones para que la violencia sexual y el feminicidio sigan afectando la vida de las comunidades indígenas. Esperamos que la justicia internacional haga lo que la justicia nacional no ha logrado: poner un alto a la impunidad y develar la verdad que el gobierno ha decidido continuar ocultando.

* Doctora en antropología e investigadora del Ciesas

Jean Robert escribió en 2017, en un texto denominado En el espejo de la Escuelita Zapatista: por un sentido común controversial**, que habría que realizar lo que denominó una historia razonada de las pérdidas. Hablaba de cómo la modernidad es una guerra contra la subsistencia de los pueblos y mostraba cómo es posible reconocer en la historia de la modernización, un proyecto de transformación de los pueblos en una forma que desposee a los pobres de sus capacidades innatas y vuelve más ricos a los ricos. ¿Cuáles eran esas capacidades innatas de los pobres que los múltiples proyectos modernizadores deshacen? ¿Cuáles y de dónde provienen los mecanismos que pueden ser entendidos como una guerra contra la subsistencia de los pueblos?

Jean Robert nos enseñó a mirar a los pueblos como colectividades creadoras de mundo, por cierto, no capitalista; mundo donde lo colectivo tiene aún densidad, tanto en las prácticas de la reproducción social de la comunidad, como en el horizonte de una vida plena y deseable. Ver su libro La potencia de los pobres, que escribió junto con Majid Rahnema en 2008.

¿Cómo se destruye la subsistencia de los pueblos? Parecería que esto que se denomina modernización, desarrollo, industrialización, son palabras que ocultan un hecho sustancial que podemos resumir como destrucción y colonización, ambos procesos históricos de larga duración. Procesos que en nuestro país no se detuvieron con la independencia, y tampoco con la revolución, continuaron durante la época nacionalista del Estado, se exacerbaron con el neoliberalismo y, por desgracia, continúan también en el cambio de régimen presente. Jean Robert menciona cuatro ejes de esa guerra contra los pueblos y sus formas de existencia: la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia; la enajenación, es decir, el abandono de la autonomía; la modernidad-modernización-occidentalización; y la coerción industrial.

Así, resulta que a mayor grado de modernización –del entorno, de las formas de vida, del consumo– le es correlativa un mayor debilitamiento de la autonomía de los pueblos, es decir, un mayor debilitamiento para desarrollar y hacer florecer su diversidad de formas de vida y de autorganización, que por muchos años las naciones originarias, hoy denominadas pueblos indígenas, han cultivado y actualizado dentro de esta nación que de alguna manera les ha sido impuesta. ¿Y cómo actúa el Estado en este gobierno frente a esta realidad de los pueblos-naciones precedentes a la gran nación mexicana? El liberalismo republicano que defiende hoy, como antaño, el derecho individual y el interés nacional, es ciego frente estos sujetos políticos y sus derechos colectivos, es sordo frente a sus querellas y sus propuestas, frente a sus formas de entender y proponer alternativas al desarrollo.

Para el Estado, la nación emana de él: nación de Estado, dice el maestro Bolívar Echeverría. Por eso su retórica nos resulta tan lejana, porque se desvincula de la vida concreta de quienes dice representar. Y desde que la ideología del desarrollo domina el mundo, el mandato del Estado y su nación es el combate a la pobreza. Una pobreza, hay que decirlo, medida en las escalas de esta ideología del desarrollo, donde cada persona quiere tener un empleo, donde el dinero es lo que manda. Y es aquí donde podemos entender a cabalidad los ejes que más arriba consignábamos: la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia, es decir, contra la autonomía de los pueblos. Estado y mercado coinciden con esta ideología del desarrollo, que siempre va a destruir las bases necesarias para que existan la soberanía alimentaria y la diversidad cultural. La enajenación, es decir, las comunidades originarias son reconocidas como pobres. No como comunidades que han cultivado su autonomía, sujetos políticos que han persistido en la vida campesina, no asalariada, cultivando sus tierras, conservando su entorno, y cuando es necesario, defendiendo el agua y sus formas de estar en el mundo; comunidades que perviven frente a la industrialización masiva, la urbanización sin límite; y es ahí donde conectamos con la coerción industrial, que sólo imagina el desarrollo como grandes corredores industriales contra la vocación agrícola de los pueblos. Sólo así podemos entender la tozudez, la ceguera y la falta de escucha que este gobierno ha tenido frente a los ejidatarios y las comunidades que han dicho no a la termoeléctrica en Morelos desde hace años. Sólo desde este lugar de certeza inamovible se puede entender que el gobierno de la Cuarta Transformación se haya negado a dialogar con los ejidatarios, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, FPDTA-MPT; y que justo para conmemorar la Revolución Mexicana, y sobre todo la firma del Plan de Ayala, enviara a la Guardia Nacional para romper el plantón de Apatlaco y cumplir con su designio: la termo va porque va. ¿Quién necesita más electricidad en Morelos? ¿Porqué un corredor industrial en tierras de vocación agrícola? ¿Por qué empecinarse en echar a andar una termoeléctrica, que muy pronto será obsoleta, a menos de 300 metros del Jardín de niños del poblado de Huexca? ¿Por qué no tender puentes, escuchar argumentos, reconsiderar, hacer algo en común con quienes fueron parte del movimiento de apoyo del actual Presidente? ¿Cómo comprender estas prioridades de quien dice –y dice mal– mandar obedeciendo? Y todo esto, después de que nadie da con el móvil del asesinato de Samir Flores. Luego de que la consulta en las comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos claramente dijo no a la termoeléctrica. Este 23 de noviembre, es por todo esto, un día de tristeza, como lo fue el 20 de febrero del año pasado.

A Jean Robert le interesaba la persistencia de eso que la modernización transforma. Y preguntaba, ¿qué es eso que la modernización transforma? Es, sin duda, la autonomía de los pueblos. Su pensamiento se hará presente en todas estas resistencias frente al desarrollo, que no es la solución, sino justo el problema.

En memoria de Jean Robert.

** En Modernidades alternativas, coordinado por Daniel Inclán y Márgara Millán, México, UNAM-Del Lirio, 2017.

*Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

La Jornada, 28 de noviembre de 2020

Mi llamado a la desobediencia, hace 15 días, produjo tormentas en mi milpa electrónica. Me llovieron insultos y descalificaciones. ¿Cómo me atrevía a desafiar una política que está cuidando la salud de todas y todos y salvando vidas? ¿Cómo, aún peor, cuestionaba el valor supremo del conocimiento científico?

Me clasificaron entre quienes circulan teorías de la conspiración. Es extraño. Me referí a agentes que actúan a la vista de todos: la industria farmacéutica, el sistema de salud, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, las corporaciones… sus intereses no son los de la gente, aunque pretendan lo contrario. ¿Por qué negar la evidencia abrumadora sobre su comportamiento inmoral? No son conspiradores. Su inmoralidad irresponsable es enteramente pública y se ha vuelto cínica.

Se agravan mundialmente ciertas condiciones crónicas: obesidad, diabetes, desnutrición, enfermedades cardiovasculares y otros males. Según The Lancet, la más prestigiada revista médico-científica, todo eso forma una sindemia, por su aparición simultánea y general.

Desde 2019 la revista exige que atendamos su causa común: el modo de vida que se nos ha impuesto, asociado al colapso climático, la contaminación industrial, los alimentos chatarra, empleos bajo condiciones atroces, transporte interminable, todo lo demás.

El virus del Covid-19 llegó sólo como golpe de gracia, en esa condición desastrosa creada por el sistema dominante. Al separarlo de las cuestiones de fondo y presentarlo como una amenaza externa, se le ha empleado como cortina de humo para garantizar que continúe la depredación interminable de ese sistema. Se aprovechó la sumisión pasiva y obediente a instrucciones insensatas, causada por la campaña de miedo, para proseguir y hasta acelerar los megaproyectos destructivos y nuevas formas de opresión.

Quizá logremos, un día, demostrar que el confinamiento causó más daños a la vida personal y colectiva que todos los atribuidos al virus. Que las políticas en curso no salvan vidas ni cuidan la salud. Que la obscena contabilidad cotidiana de cuerpos contribuye a nuestra metamorfosis grotesca en piezas homogéneas de algoritmos, para acelerar el establecimiento de la sociedad de control que facilite mayor destrucción y explotación.

Es hora de juntarnos y detener esta locura. Con quienes tengamos cerca. Vecinas y vecinos del edificio que habitamos o de la calle en que vivimos; amigas y amigos cercanos. Alrededor de una mesa, en un jardín o en una calle. Podemos usar cubrebocas y mantener distancia, para cuidarnos de ese virus tan contagioso. Pero de ésta sólo saldremos si nos organizamos.

Revisemos, ante todo, cómo se forma nuestra comida, qué llevamos a nuestro cuerpo. Veamos juntas y juntos qué podemos cultivar en el lugar donde estamos. Nos sorprenderá, acaso, descubrir la gran cantidad y variedad de hortalizas y otras plantas, algunas medicinales, que podemos producir en casa. Algún contacto o el amigo de un amigo nos permitirá arreglarnos con grupos campesinos que nos abastezcan de todo lo que no podemos producir en nuestros hogares, en nuestro lugar. Y podremos tener al fin comida sana suficiente. Oiremos, acaso, la historia de las ollas populares en ciudades chilenas, donde no sólo hacen intercambios de lo que producen, sino que lo comparten con quienes nada tienen para llevarse algo a la boca.

Veríamos en seguida lo que nos enferma. Y exploraríamos, juntas y juntos, cómo sanar con empeños autónomos, con prácticas más sanas de vida, con remedios tradicionales, con lo que recomiendan tías y abuelas que todas y todos tenemos, con las sanadoras que alguien conoce. No habría fundamentalismos. Podríamos recurrir a medicamentos contemporáneos. Y hasta localizaríamos a algún médico honesto que nos dijera en voz baja cuáles no hacen daño… Nos ocuparíamos bien de las enfermedades transmisibles, sin disimular tras de ellas lo más importante.

Nuestra mirada estará en lo esencial: desmantelar el patrón de vida que destruye a la madre Tierra, genera las llamadas pandemias y desgarra el tejido social. Desafiaremos con buenos fundamentos a la ciencia tras de la cual se refugian los políticos, mostrando sus limitaciones e incapacidades. Recuperaremos saberes subyugados y descalificados, que hoy demuestran su inmensa utilidad. Aprenderemos de los pueblos originarios, que han sabido conservar y proteger sabiduría de miles de años que hoy necesitamos como nunca.

Se irá formando entre nosotras y nosotros el espíritu comunal, en la convivialidad vernácula. En vez de consumismo buscaremos suficiencia: que todas y todos tengamos cuanto haga falta para tener una vida digna y satisfactoria… pero nada más. Suprimiremos toda jerarquía: no dejaremos que reine de nuevo el espíritu patriarcal y su evangelio de la muerte. Cuidaremos la vida, no sólo la nuestra, para construir otra manera de vivir.

¡Basta ya! En vez de predicar lo que ha de hacerse, podemos documentar y compartir lo que muchos pueblos y millones de personas están haciendo, para evitar el abismo al que nos han estado conduciendo.

gustavoesteva@gmail.com

https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/023a1pol