En este taller aprenderemos a preparar okinomiyaki, comida típica japonesa. Es una torta de verduras que se puede preparar con lo que tenemos en casa, incluso podemos aprovechar las sobras del día anterior o de la semana para aprovechar todos los recursos. Se puede comer como desayuno o cena. Para okinomiyaki necesitamos: 1 taza de col rallada, 1 taza de zanahoria rallada, harina de trigo o maicena o tapioca, sal, pimienta, aceite, 1 manzana, salsa de soja. Pasitos de Vegana es un proyecto que aspira a hacer la mancha de salud y consciencia más grande, sin sufrimiento animal.
No tienes que ser vegana para venir al taller, simplemente tener deseos de conocer otro tipo de comida, de ampliar nuestra alimentación a horizontes más sanos y de divertirnos cocinando!
Nos vemos el domingo 28 de febrero a las 4 pm. Entrada Libre al Taller. Duración 2 horas. Imparte Maricela.
Como acción en Memoria del Cro Samir Flores Soberanes, compartimos la entrevista a Lili Velázquez, Samantha César y Tere Castellanos sobre la defensa del territorio como pueblos originarios.
Lunes de Lunas de Radio Zapota y Mujeres y la Sexta
🌙 Lunes de Lunas 🌙 en la cabina nómada de Radio Zapote
EN VIVO HOY con Samantha César Teresa Castellanos y Liliana Velázquez desde el Frente De Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala en Defensa del Agua y la Tierra, El Plantón de la dignidad en Huexca y el Congreso Nacional Indígena.
El feminicidio de Mariana detonó comentarios racistas por parte de médicos que pidieron dejar de ir a atender a “zonas rurales”. Para la Brigada de Salud Comunitaria 43, que firma este texto, esa exigencia habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Además de que representa un atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país.
Texto: Brigada de Salud Comunitaria 43
La práctica médica solo es efectiva si responde al contexto en el cual se desenvuelve, con un entendimiento serio de los llamados “determinantes sociales de la salud” – la marginación económica, el racismo, el machismo y otras violencias sistémicas.
La violencia de género provoca impactos graves en la calidad de vida de las mujeres, en México es una emergencia de salud pública que se debe atender de manera prioritaria en la salud institucionalizada y comunitaria. No podemos ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y otros resuelvan las problemáticas sociales que en gran medida definen las enfermedades y la salud de quienes cuidamos.
Varios profesionales de la salud han abordado el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante. El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México”, emitieron un comunicado respecto al tema, pero en ningún momento exigen justicia y esclarecimiento del asesinato y omisiones cometidas en el caso, tampoco proponen acciones para atender la violencia de género. La exigencia recalcada en el documento es “de manera inmediata, la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno del Estado de Chiapas no pueda garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes” y hacer “extensiva esta misma exigencia para hacerla valer en todo el país”.
En paralelo con las declaraciones de los grupos médicos, en redes sociales y foros públicos se han circulado un número importante de publicaciones racistas y clasistas de profesionales de la salud en contra de la población rural, señalan: “En los pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados hasta por Dios”.
Las preguntas que no plantean son: ¿Quién mató a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su solicitud urgente de auxilio o fue “la población rural”?
Culpar a la “población rural” es racismo
El feminicidio y la violencia sexual no son problemas exclusivos de las comunidades rurales. Al contrario, en el 2018, la mayor prevalencia de delitos sexuales contra mujeres adultas fue en municipios de 100 mil habitantes o más. Entre el 2011 y 2016, las tasas más elevadas de homicidios contra las mujeres se concentraron en 10 municipios de distintas latitudes del país, todos pertenecientes a zonas urbanas.
Culpar a la “población rural” de las agresiones en contra de Mariana se vuelve intrigante considerando los detalles, hasta ahora sabidos del caso. De acuerdo a una queja escrita por Mariana, más los testimonios de su madre y compañeros estudiantes, la persona responsable durante meses por el acoso en su contra fue el médico del centro de salud donde ella realizaba su servicio social. Mariana acudió a reportar lo que sufría con la directora de la clínica y con las autoridades universitarias, nadie tomó acción para asegurar la integridad física, mental y emocional de la médica.
No obstante, los medios de comunicación y un sinfín de profesionales de la salud aseguraron que las agresiones sexuales se cometieron por parte de “pobladores de la comunidad”. Esas aseveraciones erróneas sirvieron para desviar la exigencia de justicia por el abuso sexual y el feminicidio a un reclamo de destitución del servicio social a “zonas rurales”.
Ahora que salió a la luz la responsabilidad del médico, quien además tenía denuncias previas de acoso sexual, hasta el momento, no ha habido una rectificación de quienes rápidamente condenaron a la población rural. ¿Por qué no cuestionan el machismo en los espacios de la comunidad médica? ¿Por qué el silencio de parte de las federaciones, asociaciones y colegios médicos sobre la complicidad de autoridades educativas y sanitarias? Y, una pregunta todavía más importante, ¿Cuál es el compromiso real del sector salud con la erradicación de la violencia de género y con el bienestar de sus alumnas y alumnos?
Violencia sexual al interior de sector salud
Es sabido y documentado que la violencia en contra de las mujeres en el ámbito médico prevalece a lo largo de su formación y la ejercen hombres que tienen poder sobre ellas por las estructuras jerárquicas que predominan en esos ámbitos académicos y laborales. Aun cuando son reportados, los agresores en pocas ocasiones son sancionados. Ejemplo es el caso del médico que acosó a Mariana, fue reportado por otra víctima en el 2014 pero no fue destituido, y tras la queja de Mariana en el 2020, la única acción que se realizó fue cambiar al doctor de turno.
Limitar las actividades de las médicas a las “zonas urbanas” no reduce su exposición a la violencia, por lo contrario las revictimiza porque invisibiliza la responsabilidad de los agresores y se atribuye el motivo de la violencia que sufren a las actividades relacionadas a su formación profesional. Una preocupación real de la comunidad médica por el bienestar de las mujeres debería incluir acciones concretas para garantizar que todos sus espacios sean libres de violencia y que ellas puedan contar con mecanismos justos y eficientes en caso de ser violentadas. Ese compromiso, además, debe ir más allá de intereses gremiales, independientemente de quienes sean las mujeres violentadas y en dónde sufren esa violencia.
Las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o profesión, sufren violencia física, sexual, emocional, y psicológica, una de cada cinco mujeres reporta haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, en promedio se mata a diez mujeres al día. Es decir, hay miles de agresores en el país. ¿Quién cuestiona eso?
«Demandar el fin del servicio social médico en regiones rurales a raíz de un feminicidio, solo habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Esa demanda representa otro atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país en donde, como consecuencia del racismo del sistema sanitario desde el periodo colonial, sufren de un rezago enorme en materia de salud, evidenciado por los indicadores de morbilidad y mortalidad. Una política draconiana que limita aún más el acceso a servicios de salud en esas comunidades nos parece peligroso ya que esos indicadores afirman que el racismo del sector salud no solo lesiona, también mata».
La estructura y organización del servicio social médico y la provisión de servicios de salud en regiones rurales requiere de cambios importantes. Creemos fundamental empezar esa evaluación con preguntas serias que van a la raíz del problema.
¿Cómo llegaron a deteriorarse tanto las condiciones del servicio social médico? Más allá de una simple anulación, ¿Qué acciones mejorarían las condiciones de aprendizaje, trabajo y seguridad para las y los médicos en formación, así como la calidad y dignidad en los servicios de salud ofrecidos en comunidades rurales, sin aumentar aún más la distancia entre quienes se dedican al cuidado de la salud y quienes son violentados por la falta de acceso a ello? ¿Cómo evitar que las siguientes generaciones de médicos en México normalicen el racismo que hoy muchos expresan con tanta facilidad? ¿Cómo entender que los problemas como el feminicidio son consecuencia de la estructura machista, perpetuada por todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo formar practicantes de la medicina que entiendan que la salud es un derecho fundamental y que lo defiendan como tal?
El llamado a la justicia para Mariana Sánchez debe ser coherente, claro y enfocado, se trata de un caso de agresión sexual y feminicidio en un contexto de impunidad.
Como grupo que se dedica a la salud comunitaria en México, nos sumamos a la denuncia enérgica del feminicidio de Mariana. Exigimos justicia, esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes a todos los responsables, incluyendo a las autoridades educativas y sanitarias. Llamamos a poner fin al racismo y clasismo del sector salud en contra de las comunidades rurales, campesinas e Indígenas de este país.
El 11 de febrero, Pablo González Casanova, el intelectual más connotado y reconocido del México contemporáneo, cumplió 99 años de una vida plena de aportaciones al pensamiento crítico de una ciencia social comprometida con los oprimidos y explotados, los pueblos indígenas y el socialismo.
En unos breves trazos autobiográficos, González Casanova hace memoria sobre las raíces formativas que marcaron las líneas rectoras de su acción y pensamiento: un padre que hereda al hijo su espíritu de rebelión, las ideas socialistas, el pluralismo ideológico, el respeto por las creencias religiosas de los demás y la opción intelectual; una madre que enseñó el orden y la disciplina, la puntualidad y el trabajo doméstico como tarea también de hombres, el arte de vivir y resolver problemas concretos, el gusto por los idiomas y el fortalecimiento de la voluntad.
Los maestros y cursos que dejaron un buen legado de aprendiz de jurista y bachiller con refuerzo importantes en la historia nacional. La influencia decisiva de los maestros de El Colegio de México, cuya mayoría provenía de la España republicana, y que enseñaron a trabajar para pensar, a investigar lo que no sabíamos, y a escribir de lo que estuviéramos seguros, listos a descubrir errores, tras haber hecho esfuerzos por eliminarlos.
La influencia del mejor amigo de esos años, el comunista-martiano cubano Julio Le Riverend, de quien aprendió a ser tolerante con quienes no pensaban como él, incluyendo a conservadores y burgueses. Los aprendizajes de la vida de estudiante graduado en Francia con Fernand Braudel; los teatros, los museos, el arte de la conversación salpicada de humor, agudeza, y referencias a las lecturas del día. Fue en París donde estudió filosofía, sociología y marxismo. En el marxismo, se interesó por Gramsci, cuyas obras completas le regaló Vicente Lombardo Toledano. “Yo creo –escribe don Pablo– que la forma libre y justa de pensar que me dejó mi padre se reforzó con la filosofía magnífica de Gramsci, y el sentido patriótico que mis maestras de la primaria, y todo el sistema escolar mexicano, se combinaron con el encuentro del comunismo –que yo conocí por Le Riverend y por un amigo tranviario llamado Suárez– y con el nacionalismo marxista leninista al estilo oficial mexicano, en que Lombardo fue un maestro”.
En una escala más próxima a la lucha política –señala Casanova– “con La democracia en México, inicié una exploración de la libertad, de la participación en el gobierno y el Estado, del problema de la soberanía nacional y estatal, y de la necesaria confluencia en el proyecto de quienes piensan o pensaban con filosofías empiristas o marxistas”.
De la amistad fraternal con Luis Cardoza y Aragón, que se fortaleció con su defensa de Guatemala ante el golpe de Estado, González Casanova reconoce que le debe un curioso método de criticar las revoluciones sin volverse contrarrevolucionario y de apoyar las revoluciones sin volverse adulón.
En “Los caracoles zapatistas: redes de resistencia y autonomía (ensayo de interpretación)”, Pablo González Casanova afirma que el movimiento zapatista ha dado ricas aportaciones a la construcción de una alternativa. La idea de crear organizaciones que sean herramientas de objetivos y valores por alcanzar y hagan que la autonomía y el mandar obedeciendo no se queden en el mundo de los conceptos abstractos ni de las palabras incoherentes. Este proyecto de poder no se construye bajo la lógica del poder de Estadoque aprisionaba a las posiciones revolucionarias o reformistas anteriores, dejando en ayuno de autonomía al protagonista principal, fuera éste la clase obrera, la nación o la ciudadanía. Tampoco se construye con la lógica de crear una sociedad ácrata, esa lógica que prevalecía en las posiciones anarquistas y libertarias (y que subsiste en expresiones poco felices como las antipoder, que ni sus autores saben qué quiere decir), pero que se renueva con los conceptos de autogobierno de la sociedad civil empoderada con una democracia participativa, que sabe representar y sabe controlar a sus representantes en lo que sea necesario para el respeto de los acuerdos.
El proyecto de los caracoles es un proyecto de pueblos-gobierno que se articulan entre sí y que buscan imponer caminos de paz, en todo lo que se pueda, sin desarmar moral o materialmente a los pueblos-gobierno, menos en momentos y regiones donde los órganos represivos del Estado y las oligarquías locales, con sus variados sistemas de cooptación y de represión están siguiendo pautas cada vez más agresivas, crueles y necias del neoliberalismo de guerra que incluyen el hambre, la insalubridad y la ignorancia obligada de la inmensa mayoría de los pueblos, ya sea para debilitarlos, para diezmarlos o incluso acabarlos si es necesario, cuando fallen los sistemas de intimidación, cooptación y corrupción de líderes y masas.
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPIOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido el Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido peña limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.
Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.
Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.
Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!
MUJERES Y LA SEXTA 