La Asamblea de Gobiernos Autónomos Zapatistas del caracol de Dolores Hidalgo han denunciado el despojo de una superficie de tierra en el poblado Belén, de las que fueron recuperadas como consecuencia del levantamiento armado del EZLN en enero de 1994.
Estas tierras las han venido trabajando bases de apoyo zapatistas encargadas del trabajo colectivo de la región y del cultivo de la milpa común, junto con otros campesinos no zapatistas. Pero ahora resulta que el 22 de septiembre, un grupo de 30 personas llegaron al predio y se posesionaron del mismo, con el apoyo de dos camionetas del Ejército federal, tres camionetas de la policía municipal de Ocosingo y cuatro camionetas de la fiscalía general del estado, destruyendo y quemando las casas de las bases de apoyo y robando los cultivos. Este despojo lo pretenden justificar diciendo que “el gobierno ya les entregó formalmente las tierras” y que “cuentan con los documentos legales”, según la denuncia pública que han hecho los zapatistas.
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Las acciones violentas de todo tipo que han realizado los gobiernos de los tres niveles en contra de los zapatistas se han registrado constantemente desde 1994 y hasta la fecha.
Las tierras que fueron recuperadas por los zapatistas en 1994 fueron pagadas por el gobierno federal a los ganaderos y hacendados que se ostentaron en aquel momento como propietarios de esas tierras. Incluso los ganaderos vinieron a la Ciudad de México y estuvieron en el Ángel de la Independencia exigiendo el pago de sus tierras, pago que el gobierno llevó a cabo.
Esta acción del gobierno federal no fue un gesto bondadoso. No. Fue un acto de justicia originado por la lucha armada del EZLN, por lo que esta operación de compra de tierras y el pago que hizo el gobierno tiene pleno valor jurídico a favor de las comunidades zapatistas. Derivado de lo anterior, esas tierras no pueden ni deben ser objeto de maniobras seudolegales de gobiernos o de tribunales locales o federales para realizar despojos en contra de quienes tienen décadas en posesión de dichas tierras y las han trabajado y cultivado de forma pública, pacífica y continua, lo que les da el derecho de posesión que ningún tribunal puede ignorar ni dictar sentencias (si es que las hay) que representan simplemente un despojo liso y llano.
El derecho de posesión y de propiedad le corresponde a las comunidades zapatistas sin lugar a dudas. Todos los juicios de prescripción o de cualquier otro tipo o de “entrega de tierras” por parte de los gobiernos municipal, estatal o federal a terceras personas son nulos de pleno derecho.
Las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a respetar cabalmente los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Carta Magna, como el derecho a la autonomía y libre determinación establecido en el artículo 2, así como el derecho que tienen como pueblos originarios sobre las tierras que poseen y que les corresponden desde tiempo inmemorial, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El gobierno en todos sus niveles debe tomar en cuenta todo el sustento jurídico y el derecho que tienen los zapatistas sobre sus tierras, y también deben considerar las consecuencias políticas que este despojo como acto de provocación puede generar, porque quienes han ordenado y ejecutado esta acción deben recordar que los zapatistas han afirmado que ya no van a poner la otra mejilla.
Una de las principales demandas del EZLN por las que se levantaron en armas el primero de enero de 1994 fue la tierra. Después de 30 años, el gobierno no sólo no ha resuelto ese problema, sino que se empeña en tratar de destruir lo que ellos han construido a lo largo de estos años para resolver este problema de la mejor manera.
*Abogada
https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/02/opinion/la-guerra-interminable
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