En México vivimos actualmente una de las peores crisis de derechos humanos de su historia contemporánea con la existencia de medio millón de personas asesinadas en el marco de la mal llamada “guerra contra el narco”, 133 mil personas desaparecidas (y no localizadas), según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, y unos 72 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Este contexto de violencias extremas ha sido explicado como producto de un “Estado fallido” cuyas instituciones no pueden proteger a su ciudadanía y cuyo aparato de seguridad, no cumple con las funciones para las que fue creado. Estas perspectivas analíticas han ido acompañadas por una retórica punitivista que pide mayor castigo para los delincuentes, mayor militarización de la seguridad pública e inclusive populariza las perspectivas que piden pena de muerte para secuestradores. El discurso de la efectividad de gobiernos de “mano dura”, como el del presidente Nayib Bukele en El Salvador, se ha vuelto popular, cuando las violencias extremas marcan la vida cotidiana de la sociedad y esa mano dura significa anular los derechos humanos de la población, eliminando instituciones que aportaban en su defensa como la Comisión Internacional contra la Impunidad.
En este contexto, posicionar un feminismo anticarcelario y anti-punitivista ha sido un gran reto, porque a pesar de que la realidad muestra que las cárceles no son la solución, sino que son parte del problema profundizando y radicalizando la violencia, los medios de comunicación de derecha e inclusive muchos de los medios independientes, siguen pidiendo más cárceles y leyes más duras para castigar a los perpetradores de las violencias.
Mostrar el vínculo que existe entre las violencias extremas y la destrucción de las economías de subsistencia y los tejidos comunitarios en el campo y la ciudad, con la creación de una fuerza de trabajo desvalorizada y descartable, es un reto que enfrentamos como feministas anti-carcelarias que hemos apostado por la escritura como herramienta de denuncia y sanación. Las prisiones son dispositivos claves para la creación de estas vidas precarizadas, que se ponen a disposición de la industria penitenciaria. La participación de las clases políticas y económicas en economías legales e ilegales, que posibilitan la llamada “violencia del narco”, se oculta mediante la construcción de “enemigos públicos” representados, como jóvenes criminales racializados a los que hay que encarcelar, para detener la violencia.
Esta retórica punitivista y carcelaria que recorre América Latina, no es solo característica de los gobiernos de derecha como Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina. El gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su sucesora, Claudia Sheimbaum, han justificado la militarización de la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa, en nombre de la seguridad y “guerra contra el narco”. Las cárceles siguen siendo habitadas por hombres y mujeres pobres y racializados, que no pueden pagar el “precio de la justicia”, mientras que el discurso populista sigue repitiendo el eslogan: “por el bien de México, primero los pobres”. La Ley de Amnistía anunciada en el 2020 ha tenido poca efectividad, dando excesivo poder al ejecutivo que ha usado su discrecionalidad para determinar cuáles casos “son relevantes para el Estado mexicano” según lo establece ambiguamente la ley. La reparación del daño o las medidas restaurativas han sido relegadas por una ley discutida e impuesta desde arriba, dejando fuera el sentir de las víctimas.
La violencia del narco, las desapariciones y los desplazamientos forzados, han continuado durante estas administraciones, y muchos funcionarios estatales son parte orgánica de los grupos criminales; a la vez que las fuerzas armadas estatales, aparentemente enfrentadas con grupos armados ilegales, cooperan con ellos
Como Colectiva Hermanas en la Sombra, hemos apostado, por un lado, por visibilizar la inefectividad de las cárceles como solución a las violencias, en especial cuando encarcelar a mujeres pobres ha implicado dejar a sus hijos menores de edad, solos y vulnerables para ser reclutados por el crimen organizado. Cuando estos adolescentes, muchos de ellos indígenas terminan en centros de detención juvenil más que ayudarlos a salir de las redes del crimen organizado, los desarraigan y destruyen los referentes culturales que les daban asideros éticos ante las violencias múltiples que los rodean.
También nos interesa mostrar distintas experiencias de justicias restaurativas, como las impulsadas por las mujeres indígenas zapatistas en sus territorios autónomos, o las promovidas por las mujeres buscadoras a través de los círculos de justicias restaurativas. La convicción de que el Estado ha tenido una participación directa o indirecta en la desaparición de sus hijos e hijas ha influido en que muchas de las madres buscadoras desconfíen de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de encontrar justicia dentro del aparato estatal, que es a la vez parte del dispositivo desaparecedor. Algunas de ellas han optado por participar en ejercicios de justicia restaurativa con personas en reclusión, que tienen como objetivo tocar los corazones de jóvenes que han sido arrastrados por la violencia, para evitar que sigan ejerciéndola. Al respecto, una de las madres que participa en estos ejercicios señalaba: “Estoy convencida de que esta forma de entender la justicia restaurativa siembra una semilla de paz. Algunos de ellos nunca van a salir, pero los que sí serán libres un día, saldrán siendo otras personas, espero poder contribuir a esa transformación. Yo lo que desearía muchísimo es que no volvieran a dañar a otras personas a lastimar a otra familia y a la sociedad. Este es mi propósito al aceptar participar, la verdad es que más que la información que nos puedan dar sobre personas desaparecidas, la posibilidad de transformar una vida es lo que me mueve… “
Visibilizar estas experiencias y hacer eco a estas concepciones no punitivistas de justicia, es una forma de contribuir desde nuestro proyecto colectivo, llevando a públicos diversos los productos culturales (libros, documentales, programas de radio), que reflexionan desde ese otro lugar, el de las poblaciones vulneradas, víctimas y discriminadas racialmente ˗˗tanto madres buscadoras como mujeres en prisión˗˗; cuyas voces ofrecen una mirada sensible, una forma distinta de resolver los conflictos, distanciándose de las lógicas de los poderes del Estado y del crimen organizado. Las obras que publicamos son un aporte para el reconocimiento de la humanidad de perpetradores, de la precariedad como caldo de cultivo de la violencia, de la cárcel como factor de disolución de la cohesión social. Y nos invita a imaginar procesos de justicia distintos a los establecidos donde pueda restaurarse el bienestar para cada uno de los grupos sociales, para cada persona. La escucha es el elemento fundamental de esta otra forma de construir realidad, la escucha de sí mismas de estas actoras sociales, pero también la escucha mutua y colectiva que abre el camino al reconocimiento, de nuestras existencias diversas, de los contextos complejos, de las vidas atravesadas por múltiples violencias, de la creatividad para resistir ante un aparato de justicia obsoleto.
Os desafios do antipunitivismo em contextos de violências extremas
Coletiva Editorial Hermanas en la Sombra
Integrante da Rede Feminista Anticarcerária da América Latina
No México, vivenciamos atualmente uma das piores crises de direitos humanos de sua história contemporânea, com a existência de meio milhão de pessoas assassinadas no contexto da chamada “guerra contra o narco”, de 133 mil pessoas desaparecidas (e não localizadas), segundo dados oficiais da Comissão Nacional de Busca, e de cerca de 72 mil corpos não identificados sob custódia do Estado. Esse contexto de violências extremas vem sendo explicado como produto de um Estado falido, cujas instituições não conseguem proteger sua cidadania e cujo aparato de segurança não cumpre as funções para as quais foi criado. Essas perspectivas analíticas têm sido acompanhadas por uma retórica punitivista que exige penas mais severas para os criminosos, maior militarização da segurança pública e até mesmo populariza discursos que defendem a pena de morte para sequestradores. O discurso da eficiência de governos de “mão dura”, como o do presidente Nayib Bukele em El Salvador, tem se tornado cada vez mais popular em contextos nos quais as violências extremas marcam a vida cotidiana da sociedade. Essa “mão dura” significa, no entanto, a anulação dos direitos humanos da população e a eliminação de instituições que contribuíam para sua defesa, como a Comissão Internacional contra a Impunidade.
Nesse contexto, sustentar um feminismo anticarcerário e antipunitivista tem sido um grande desafio, pois, embora a realidade mostre que os presídios não são uma solução, mas parte do problema, aprofundando e radicalizando a violência, a mídia de direita, e até mesmo boa parte da mídia independente, continua exigindo mais presídios e leis mais rígidas para punir perpetradores de violências.
Evidenciar o vínculo entre as violências extremas, a destruição das economias de subsistência e dos tecidos comunitários, tanto no campo quanto na cidade, com a criação de uma força de trabalho desvalorizada e descartável, é um desafio que enfrentamos como feministas anticarcerárias, que temos apostado na escrita como ferramenta de denúncia e de cura.
Os presídios são dispositivos centrais na produção dessas vidas precarizadas que permanecem à disposição da indústria penitenciária. A participação das classes políticas e econômicas nas economias legais e ilegais, que fazem possível a chamada “violência do narco”, é ocultada por meio da construção de inimigos públicos, representados como jovens criminosos racializados que precisam ser encarcerados para que a violência seja contida.
Essa retórica punitivista e prisional que percorre a América Latina não é apenas uma característica dos governos de direita, como o de Nayib Bukele, em El Salvador, ou o de Javier Milei, na Argentina. O governo “progressista” de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) e o de sua sucessora, Claudia Sheinbaum, têm justificado a militarização da segurança pública com a criação da Guarda Nacional, subordinada à Secretaria de Defesa, em nome da segurança e da guerra “contra o narco”. Os presídios continuam sendo habitados por homens e mulheres pobres e racializados, que não conseguem pagar “o preço da justiça”, enquanto o discurso populista continua repetindo o lema: “Pelo bem do México, primeiro os pobres”. A Lei de Anistia anunciada em 2020 teve, até agora, pouca efetividade, concedendo excessivo poder ao Executivo, que utilizou sua discricionariedade para determinar quais casos são “relevantes para o Estado mexicano”, segundo o estabelecido, de forma ambígua, pela lei. A reparação do dano e as medidas restaurativas têm sido relegadas por uma legislação discutida e imposta de cima, que desconsidera o sentir das vítimas.
A violência do narcotráfico, as desaparições e os deslocamentos forçados continuaram durante essas administrações, enquanto muitos servidores do Estado integram organicamente os grupos criminosos. Ao mesmo tempo, as forças armadas estatais, que supostamente enfrentam os grupos armados ilegais, frequentemente cooperam com eles.
Como Coletivo Hermanas en la Sombra, temos apostado, por um lado, em visibilizar a ineficácia dos presídios como solução para as violências, especialmente quando o aprisionamento de mulheres pobres implica em que seus filhos menores de idade fiquem sozinhos e vulneráveis, expostos ao recrutamento pelo crime organizado. Quando esses adolescentes, muitos deles indígenas, acabam em centros de detenção juvenil, isso, ao invés de ajudá-los a sair das redes do crime organizado, acaba por desenraizá-los e por destruir os laços com seus referentes culturais, que lhes permitiriam acessar valores éticos diante das múltiplas violências que os cercam.
Também é de nosso interesse mostrar diferentes experiências de justiça restaurativa, como as impulsionadas pelas mulheres indígenas zapatistas em seus territórios autônomos, ou aquelas promovidas por mulheres buscadoras por meio dos círculos de justiças restaurativas. A convicção de que o Estado teve participação direta ou indireta na desaparição de seus filhos e filhas tem levado muitas mães buscadoras a desconfiar das forças de segurança e das possibilidades de encontrar justiça dentro do aparelho estatal, que é, na verdade, parte do dispositivo desaparecedor. Algumas delas optaram por participar de exercícios de justiça restaurativa com pessoas em privação de liberdade, os quais têm por objetivo tocar o coração de jovens tragados pela violência, para evitar que continuem a reproduzi-la. A esse respeito, uma das mães que participa desses exercícios afirma: “Estou convencida de que esta forma de entender a justiça restaurativa planta uma semente de paz. Alguns deles nunca vão sair, mas aqueles que um dia voltarão à liberdade sairão sendo outras pessoas. Espero poder contribuir para essa transformação. O que eu mais desejaria é que eles não voltassem a fazer mal a outras pessoas, a ferir outra família e a sociedade. Esse é o meu propósito ao aceitar participar. A verdade é que, mais do que a informação que possam nos oferecer sobre as pessoas desaparecidas, o que nos move é a possibilidade de transformar uma vida.”
Visibilizar tais experiências e fazer eco a essas concepções não punitivistas de justiça é uma forma que encontramos em nosso projeto para contribuir a refletirmos a partir de outra lugar, levando a públicos diversos produtos culturais (livros, documentários, programas de rádio) que evidenciam os pontos de vista das populações vulnerabilizadas, vítimas e racialmente discriminadas. Tanto as mães buscadoras quanto as mulheres em situação de prisão oferecem, com suas vozes, um olhar sensível e uma forma distinta de resolver os conflitos, que se distancia das lógicas de poder do Estado e do crime organizado. As obras que publicamos são uma contribuição para o reconhecimento da humanidade dos perpetradores, da precariedade como solo fértil da violência e do presídio como fator de dissolução da coesão social. Elas nos convidam a imaginar processos de justiça diferentes dos estabelecidos, processos nos quais o bem-estar possa ser restaurado para cada grupo social, para cada pessoa. A escuta é o elemento fundamental dessa outra forma de construir realidades: a escuta de si mesmas por parte dessas atoras sociais, mas também a escuta mútua e coletiva, que abre caminho para o reconhecimento de nossas existências diversas, dos contextos complexos, das vidas atravessadas por múltiplas violências e da criatividade para resistir diante de um aparelho de justiça obsoleto
https://desinformemonos.org/los-retos-del-antipunitivismo-en-contextos-de-violencias-extremas/
MUJERES Y LA SEXTA 